A Fernando García, padre de Miriam, una de las tres niñas asesinadas en Alcàsser, le llaman «el padre» por antonomasia, como si lo fuera de todas, aunque esto no es justo y no gusta a las otras familias. También le llaman «el padre de Alcàsser», porque como progenitor lleva desde noviembre de 1992 reclamando justicia por lo que pasó en este pueblo valenciano. A ese dolor irremediable de haber perdido una hija en las peores circunstancias se suma «la pena de banquillo», es decir, el sufrimiento y angustia por una reclamación por supuestas injurias y calumnias desde hace once años, al término del procedimiento contra el único culpado de los asesinatos. Hace sólo unos días, esta semana que termina, se ha decretado en la Audiencia de Valencia la cuarta suspensión de la vista oral por enfermedad de un abogado, en la que están imputados el periodista Juan Ignacio Blanco y la presentadora y el director del programa «El Juicio Alcàsser», de Canal 9, que se celebró en paralelo a las sesiones que juzgaron a Miguel Ricart. En sus acusaciones, el fiscal, que solicita nada menos que 16 años de prisión para García y Blanco, así como cuantiosas indemnizaciones millonarias a los supuestos ofendidos, también señala otros cuatro años de cárcel para la presentadora del espacio y su director. Expresiones «maliciosas» En los resúmenes de la acusación se observa una gran desproporción entre la petición de pena, porque hay homicidios para los que no se pide tanta cárcel, y lo que supuestamente pasó. En lo ocurrido se cita que los acusados habrían proferido expresiones maliciosas y descalificadoras contra el fiscal, el tribunal y algunos peritos forenses. Entrando en materia, Fernando García habría dicho entre otras cosas que el fiscal, Enrique Beltrán, estaba «implicado en una investigación que se había hecho mal adrede», «que colaboraba con el tribunal en una confabulación para esconder cosas», y «que debía haber hecho lo necesario para buscar la verdad y había hecho lo contrario». Seguro que en el capítulo de imputaciones debe de haber más tralla, porque aunque se supone que se selecciona lo de mayor peso, en esto no se descubre qué haya hecho para pedir 16 años de cárcel. Para entendernos, 16 años son los que cumplió el violador del Vall d¿Hebron por más de una decena de agresiones, antes de ponerlo en libertad; o los que iba a cumplir Ricart por el asesinato de las tres niñas antes de estudiar su asunto para aplicarle la «doctrina Parot». En cualquier caso, sobre lo que se dice de la actuación del fiscal, o de los médicos forenses, incluso del tribunal o del acto en sí, que según los imputados era «un circo», tiene que apreciarse delito, como son las injurias o calumnias, porque a simple vista sólo se observan los amargos comentarios de un padre destrozado por el dolor que se siente decepcionado por el trabajo de las fuerzas del orden y el mecanismo de la justicia. En cuanto a Juan Ignacio Blanco, se le imputa haber dicho cosas como que «la actuación de la Guardia Civil es aberrante» o que «el fiscal dice estupideces». Sobre la mesa están aquellos meses opresivos del caso Alcàsser, con tres niñas mutiladas, torturadas, vejadas y asesinadas. La epopeya de un padre que dejó su trabajo de vendedor de colchones y se puso al frente de una investigación que difícilmente podría despejar todas las dudas. Blanco se volcó de tal manera que se dejó en ello todo su futuro: no ha vuelto a levantar el vuelo. Una justicia tardía Ese entusiasmo, esas dedicación, en servicio de que las mafias no pudieran seguir impunemente secuestrando niños y niñas en nuestro país, los dejó exhaustos, agotados, y en más de un sentido, sobrepasados. Once años después, una justicia tardía que les pide condena como para un asesino en serie pone de relieve el sufrimiento de una «pena de banquillo» que también han tenido que soportar la presentadora de aquel programa desaparecido y su director. Gente trabajadora y alterada por la espada de Damocles judicial.