MaDRID-Los seis juzgados centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional finalizaron el pasado año un total de 631 sumarios, aquellos que engloban los casos más graves de delincuencia organizada, como narcotráfico o terrorismo. El magistrado Fernando Andreu fue quien, en este apartado, tuvo una actividad más «productiva», al haber concluido 129 procedimientos de esa clase, mientras que en lado opuesto aparece Baltasar Garzón, con 84, cuyo juzgado fue el que menos sumarios ingresó el pasado año. Sin embargo, este último juez es quien resolvió más diligencias previas, un total de 435, aunque también el que más tenía pendientes. Estos datos se recogen en la Memoria de la Audiencia Nacional -la primera que se presenta bajo el mandato de su nuevo presidente, Ángel Juanes-, donde se constata igualmente que el juzgado del que es titular Eloy Velasco es el que más sumarios, 66, tenía abiertos a principios de este año. Por su parte, la Sala Penal resolvió en 2008 un total de 565 procedimientos tramitados como sumarios, frente a los 446 del año anterior, lo que supone un incremento superior al 26 por ciento. En cuanto a los procedimientos abreviados, aquellos que se siguen por delitos con penas inferiores a nueve años de cárcel, la resolución aumentó un 222 por ciento. Mejorar el servicio de intérpretes Junto a ello, las sentencias pendientes de ejecución se redujeron de 2.757 a 1.793, lo que representa un descenso de casi el 35 por ciento. Por otro lado, la Memoria hace hincapié en la necesidad de mejorar el servicio de intérpretes, por el significativo aumento de las órdenes europeas de detención y las extradiciones, así como de la urgente necesidad de frenar la «huida» de los funcionarios hacia otros destinos. Sobre este último punto, la Memoria refleja cómo «los funcionarios que se encuentran mejor preparados concursan hacia otros destinos, donde tienen mejor remuneración y menor presión en el volumen de trabajo». Por ello, «la huida de funcionarios hacia otros destinos es tan patente que llama la atención el número de los que piden traslado en cada concurso», por lo que «debería realizarse un verdadero y serio esfuerzo en solucionar este problema», asegura el texto.