En un país serio sería impensable que un juez con precedentes políticos vinculados al actual partido del Gobierno pudiera llevar un caso contra el principal partido de la oposición. Pero en España no sólo es posible, sino que se lo considera normal. Y hasta se llega a presentar como independiente a quien estuvo en Quintos de Mora conspirando con Bono, fue número dos en la candidatura del PSOE por Madrid, hizo campaña electoral junto a Ramón Jáuregui, formó parte del Grupo Parlamentario Socialista, fue compañero de escaño de Zapatero, fue secretario de Estado con Felipe González y, en los mítines en los que participó, llegó a decir que haría todo lo que estuviera en sus manos para evitar que ganara la derecha. En efecto, hizo bastante. Encabezó una manifestación contra Aznar y abrió el «caso lino» en plena campaña electoral, emprendiéndola contra el PP e implicando a sus dirigentes en fraudes no demostrados. La sentencia fue absolutoria, pero Garzón condicionó en gran medida el desarrollo de la campaña europea de 2003. Más o menos como ahora. Nuestro magistrado estrella sabe desde el primer día que en su investigación hay aforados. Pero pese a ello, no se inhibe. ¿Por qué no lo hizo al principio? Porque entonces no hubiéramos tenido el actual escándalo mediático de cacerías y filtraciones. Y nuestro juez socialista no hubiera brillado en las pantallas como le gusta.