Los gobiernos insisten en ocasiones en que, aparte de los suministros previstos de liquidez, las instituciones públicas no dan dinero a los bancos o, si lo dan, invierten en ellos unos recursos que el contribuyente recuperará con el tiempo, bien porque los activos comprados se revenderán con un beneficio, bien porque los bancos pagarán los avales brindados por el Estado, o bien porque los fondos entregados por éste para recapitalizarlos resultarán al cabo rentables en términos de dividendos o de reventa final al sector privado. Pero el asunto no está claro. Hay que considerar la cuestión general de que un proceso de expansión de la liquidez orquestado por los bancos centrales, al dar lugar a un exceso de inversión, debe culminar en una liquidación: demorarla artificialmente aumenta los costes, aunque los centrifuga hacia el conjunto de la población. Y desde el punto de vista particular tampoco está claro. Si el Estado le dice a usted que le va a comprar los activos que usted no puede vender, o a recapitalizar su empresa en quiebra, o que va a ser su avalista cuando usted acuda a solicitar otra vez un crédito, ¿no diría usted que está siendo ayudado con dinero público? Aunque el Estado gane al final, y hay numerosos problemas de incompatibilidad de objetivos, de coste de oportunidad, de valoración y de riesgo moral.