El informe «Cáritas ante la crisis. Impacto, diagnóstico y propuestas», presentado ayer, supone un análisis muy preocupante de la realidad social española. Los datos y las denuncias de esta organización de la Iglesia Católica demuestran el grado de empobrecimiento del país y la alarmante falta de respuesta de las distintas administraciones al avance de la exclusión. Con los datos en la mano es una evidencia que la recesión ha disparado las necesidades de ayuda «básica para subsistir» entre la ciudadanía española. La red estatal de acogida de Cáritas atendió a un total de 597.172 personas a lo largo de 2008, lo que supone un aumento medio del 50% respecto a 2007, aunque hay casos de Cáritas Diocesanas en los que esa subida ha llegado al 70%. Las peticiones de auxilio para alimentos y artículos básicos aumentaron un 89,6% y la asistencia para hacer frente a alquileres o hipotecas y no perder la vivienda creció un 65,2%. Otro dato que revela la especial gravedad de la situación es que el perfil mayoritario de los afectados es, sobre todo, el de personas jóvenes (de entre 20 y 40 años) con niños pequeños, desempleados recientes o mujeres solas con cargas familiares. Este cuadro de emergencia social debería ser más que suficiente como para que la clase gobernante desplegara los esfuerzos necesarios para atender las urgentes necesidades de gentes desesperadas. Desgraciadamente se han encontrado con una respuesta desalentadora en una parte importante de ayuntamientos y de gobiernos autónomos. El Informe de Cáritas no deja lugar a dudas sobre el grado de responsabilidad de la clase política en la desatención de los que menos tienen y más necesitan. Según el secretario general de Cáritas, Silverio Agea, los servicios sociales públicos han respondido con «falta de previsión y agilidad» y con una «grave dimisión de responsabilidades». Como datos que avalan esa denuncia hay que citar que el 52% de las personas que llegan a Cáritas lo hace por indicación de las administraciones que no pueden hacer frente a la avalancha de peticiones, que los fondos públicos para ayudas básicas están en el mismo nivel que en 2007 o que los trámites para recibir ese pequeño subsidio tienen unos plazos de 98 días, tres meses que en una situación de precariedad son un gran disparate. Obviamente, el panorama expuesto habla por sí solo del fracaso sin paliativos de la acción social de una buena parte de las administraciones. Con esta realidad constatable en la mano, se pone también de manifiesto la hipocresía política de esa parte de la clase dirigente que presume de su compromiso activo con los más desfavorecidos y luego los envía a Cáritas para que los socorra. Suelen ser los mismos que cimentan buena parte de su acción política en la ofensa gratuita y facilona a la Iglesia Católica, a la que se denigra por sus posiciones e incluso se le cuestiona su derecho a la libertad para expresar opiniones. Parece evidente que ayuntamientos y comunidades autónomas están haciendo dejación de sus responsabilidades en este terreno y que sus esfuerzos en la atención a las personas afectadas por la crisis están muy por debajo de sus posibilidades y de las necesidades de la sociedad. Cáritas defendió ayer la urgencia de un pacto de Estado para facilitar créditos a los ayuntamientos. De momento, lo que debemos exigir es que corporaciones locales y comunidades autónomas sigan el ejemplo encomiable de Cáritas y de la Iglesia y redoblen su compromiso y atención con los amenazados por la pobreza y la exclusión.