Varios medios de comunicación israelíes informan hoy de que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, ha prometido a su colega israelí, Tzipi Livni, que el Gobierno español trabajará para intentar cambiar la ley con el fin de limitar la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España.  
   Según los diarios 'Haaretz', 'Jerusalem Post', 'Yediot Ahronot' y la radio militar israelí, Moratinos telefoneó hoy a Livni para anunciarle que el Ejecutivo tiene previsto modificar la ley que ha permitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitir a trámite una querella contra militares israelíes por supuesto genocidio durante un bombardeo sobre la Franja de Gaza en 2002, en el que murieron 14 civiles, además de un líder de Hamás.  
   Los medios de comunicación reproducen declaraciones de Livni en las que saluda que el Gobierno español "haya decidido parar este fenómeno" y avanza que Israel seguirá trabajando con otros gobiernos para intentar frenar "investigaciones similares infundadas".  
   Según la radio militar israelí, Moratinos subrayó que esta reforma legal no estaría lista a tiempo para afectar a la querella admitida a trámite por Andreu, pero indicó que su departamento trabajaría para anular la investigación.
La llamada telefónica entre Moratinos y Livni fue confirmada a Europa Press por fuentes diplomáticas españolas.

DECLARACIONES DE DE LA VEGA
Preguntada por la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a militares israelíes por un bombardeo sobre la Franja de Gaza en 2002, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se limitó a señalar hoy: “España es un Estado de Derecho y la Justicia actúa con total independencia”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega prefirió no hacer comentarios sobre la decisión del juez Andreu de investigar a siete responsables militares israelíes por un bombardeo en la Franja de Gaza en 2002 que costó la vida a 14 civiles. “España es un Estado de Derecho y la Justicia actúa con total independencia, lo sabemos nosotros y lo saben todos los países europeos y democráticos”, señaló la vicepresidenta, que añadió que “así se lo hemos trasladado al Gobierno de Israel y estamos seguros de que así lo entiende”.
Según informó un portavoz del Ministerio de Exteriores, Moratinos informó ayer a Livni en una conversación telefónica de que el Gobierno haría “todo lo posible” para contribuir a alcanzar una “solución satisfactoria”, siempre dentro de los límites que le marca el “respeto” del Gobierno a la “Justicia”. Sin embargo, informaciones del diario ‘Haaretz’ recogidas por otr/press, indican que el jefe de la Diplomacia española le dijo el viernes a Livni que (literalmente) “su Gobierno estaba emprendiendo rápidas acciones para enmendar la ley en un esfuerzo para limitar la autoridad de los juzgados y de este modo prevenir que esas investigaciones continúen”.
El ‘Jerusalem Post’ añade además que Moratinos “hizo hincapié no obstante en que cualquier enmienda no estaría lista a tiempo para el caso Shehadeh” en referencia a la apertura de diligencias de la Audiencia Nacional, pero que el jefe de la Diplomacia española “dijo que su Departamento trabajaría para anular la investigación”. El periódico informa de que Livni le dijo a su homólogo español que esta es “una noticia muy importante para el público israelí”. “Los sistemas legales de alrededor del mundo han sido explotados por cínicos cuyo único propósito es herir a Israel. Es bueno que España decida ponerle fin a este fenómeno”, sentenció la ministra.

COMPETENCIAS DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA
Los tribunales españoles son competentes para investigar, entre otros, delitos de genocidio y terrorismo fuera de las fronteras españolas e independientemente de si hay españoles o no implicados en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este principio se aplica a partir de dos sentencias dictadas en 2005 por el Tribunal Supremo y el Constitucional a propósito del caso Scilingo y del genocidio en Guatemala, respectivamente, que sentaron jurisprudencia. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por su parte, informó de que no decidirá sobre la posibilidad de recurrir el auto del juez Andreu hasta que el Gobierno israelí confirme que no mantiene ninguna investigación sobre estos hechos.
Para el antiguo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Moshe Ya’Alon, la investigación de la Audiencia Nacional no es más que “propaganda”, según aseguró a la Radio del Tsahal (Ejército israelí). El jueves, el ex ministro de Defensa y actual titular de Infraestructuras, Ben-Eliezer, consideró “ridícula” la decisión del juez Andreu, añadiendo que “más que ridícula es vergonzoso”. “Las organizaciones terroristas utilizan los tribunales del mundo libre y los mecanismos de las naciones democráticas pra poner demandas contra un país que actúa contra el terror”, criticó Ben-Eliezer, que dijo no arrepentirse de aquel ataque que costó la vida de 14 civiles. “Salah Shehadeh (supuesto objetivo de la operación) era un activista de Hamas, un archiasesino cuyas manos estaban manchadas con la sangre de cerca de 100 israelíes y que llevó a cabo los más atroces atentados contra nuestros ciudadanos”.
En cualquier caso, y ya en el plano judicial, Israel presentará en la Audiencia Nacional, por medio del Ministerio de Exteriores español, diversa información sobre el bombardeo, informó un portavoz de la embajada israelí. Según el diario ‘Haaretz’ el Gobierno israelí teme y se está preparando para posibles denuncias contra soldados e investigaciones internacionales en torno a la ‘operación Plomo Fundido’ que se cobró 1.300 vidas.