Preguntada durante la rueda de prensa sobre la «Operación Biblioteca» contra la corrupción en Librilla por parte del administrador Domingo Peñalver y el funcionario de la Consejería de Presidencia José Luis Cano, la portavoz del Gobierno autonómico recalcó que la Comunidad no había pagado dinero al funcionario. Reverte afirmó que el Ejecutivo murciano había «iniciado una información reservada» ante las denuncias formuladas por el PSRM-PSOE y los datos de que disponía. Además, la consejera hizo hincapié en que el ex funcionario no pertenecía a la empresa Acadí, por lo que las adjudicaciones «legales» que el Gobierno regional estaba haciendo eran a una empresa que no tenía vinculación. «Es decir, no es una concesión que la Comunidad Autónoma le haya hecho a este funcionario», incidió Reverte. Cabe recordar que esas dos personas, junto a algunos dirigentes municipales de Librilla -entre ellos, su alcalde-, se encuentran imputados en las diligencias abiertas en supuestos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a los funcionarios y falsificación de documentos públicos.