Valencia- La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, denunció ayer la falta de medios materiales y personales que, a su juicio, debería costear la Conselleria de Justicia. Entre las principales demandas de Gisbert, se encuentra la reposición del servicio de taxis, que ha sido reducido de 16 a diez y sólo a cuatro horas por día en ocho de los coches y, el aumento del número de funcionarios para la Fiscalía. Fuentes de la Conselleria de Justicia aseguraron ayer a LA RAZÓN que la reducción de este servicio de taxis se debe a «una racionalización de servicios». Con respecto a la argumentación de Gisbert de que según un Real Decreto, la Conselleria «está en la obligación de dotar a los fiscales de los medios materiales y económicos necesarios para realizar sus funciones». Las mismas fuentes aseguraron que en ese Real Decreto no pone en ningún sitio «cómo tiene que ser el transporte». Como reclamo de la recuperación del servicio de taxis, la fiscal jefe recordó que los fiscales deben desplazarse fuera de su sede, que es Valencia, para asistir a juicios, a diversos procesos o a hacer los seguimientos de personas, ya sea en la cárcel o en residencias, y que si lo tienen que hacer en transporte público, se puede dar el caso de que un fiscal vaya en el mismo autobús que la persona a la que tiene que enjuiciar, hecho que supondría una pérdida de seguridad para dicho fiscal. Supuestamente, la implantación de los servicios de videoconferencia entre la Fiscalía y los juzgados acabará con ese problema, pero hasta la fecha sólo los juzgados de Llíria, Sagunto y Requena poseen dicha tecnología. Además, las cámaras están en la sala de vistas por lo que mientras se celebra un juicio no se pueden utilizar.