El Seprona alerta de su elevada toxicidad por contener metales como el uranio
Los fosfoyesos contaminan Sevilla y Cádiz vendidos como «abono» agrícola
Ecologistas temen que el residuo de Fertiberia podría haber sido expandido en 70.000 hectáreas de cultivo.
Greenpeace, la Asociación Mesa de la Ría, Ecologistas en Acción y WWF/Adena denunciaron ayer la venta de fosfoyesos por parte de Fertiberia, «con elevados contenidos en metales tóxicos y radiactivos», para ser utilizados «como enmienda –corrector– agrícola en municipios de Sevilla y Cádiz». Y lo hicieron respaldados por explícitos informes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Según uno de ellos, el 12 de marzo de 2009, cuando unos agentes se encontraban «en la cancela de acceso a las balsas de fosfoyesos, a la espera del responsable de la empresa, con motivo de realizar una inspección ocular –por una investigación de la Audiencia Nacional–», observaron «la salida de varios camiones cargados con fosfoyesos». Se identificó a los vehículos y seis días más tarde se inspeccionó uno de la misma empresa, que transportaba «fosfoyeso a granel desde Fertiberia-Huelva a El Cuervo (Sevilla)». Los efectivos del Seprona relatan que se tomaron muestras de la mercancía y se enviaron al laboratorio de criminalística (Medio Ambiente) de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid.
En paralelo a la espera de los resultados, los instructores se desplazaron a las instalaciones de la empresa Transportes Reunidos El Cuervo, donde les informaron de que «llevan comprando este producto desde hace muchos años y que se lo venden a agricultores, principalmente a la Cooperativa Marismas de Lebrija, y que lo utilizan para corregir la salinidad de las tierras de labor». De hecho, en el propio acta del Seprona se recuerda que la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, aseguró en la prensa que «desde 1960, año en que Fertiberia recibió la concesión para poder apilar los fosfoyesos, éstos ‘siempre han tenido la consideración de subproducto, hasta el punto de que parte de los mismos se ha utilizado en el Bajo Guadalquivir como abono y fertilizante». Si bien, según el laboratorio del Instituto Armado: «Los lixiviados de fosfoyesos presentan un PH muy ácido, elevadas concentraciones de sulfatos, calcio, sodio, fósforo y metales tóxicos entre los que se encuentra el uranio». Por ello, concluyen que el uso intensivo o continuo de este elemento en la agricultura «puede producir la acumulación de metales contaminantes». En relación puntual al uranio, avisan de que éste «puede pasar a medio acuoso con el agua de riego o lluvia, con el consiguiente riesgo de ser absorbido por las plantas de cultivo».
Los ecologistas mantienen que la comarca más afectada por estas prácticas es la del Bajo Guadalquivir, en el área de influencia del parque nacional de Doñana, con terrenos pertenecientes a los municipios de Lebrija, Los Palacios, Trajano y Pinzón (Sevilla), además de Trebujena (Cádiz). «En total se trataría –añaden– de unas 70.000 hectáreas de cultivos de girasol, remolacha, arroz y algodón». A la luz de los datos, «exigimos a la Junta –dijo Julio Barea, de Greenpeace– la prohibición inmediata del uso de los fosfoyesos en los cultivos y la apertura de una investigación para valorar los posibles daños a la salud y al medio».
Claves
- Según los agricultores, el uso de fosfoyesos lleva realizándose, en algunos casos, desde hace más de 30 años, en la proporción anual de 10 toneladas por hectárea, para mejorar la productividad de la tierra en el área del Bajo Gudalquivir.
- El responsable de la campaña de Energía Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, recordó ayer que «el uranio es muy radiactivo y que al entrar en nuestro cuerpo invade a las células y puede provocar graves enfermedades».
- El triángulo Cádiz-Sevilla-Huelva padece una de las más elevadas tasas de cáncer de España y, según los activistas, varias analíticas han detectado en la población onubense unos niveles de uranio desconocidos en el resto de la población.
- El portavoz de la Asociación Mesa de la Ría, Aurelio González, asociación personada en la causa abierta por este asunto, criticó que «la Junta permanezca impasible cuando fue avisada por Ecologistas en Acción hace ya 10 años».















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