El presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, eludió ayer valorar la sentencia del Supremo sobre Educación para la Ciudadanía. Sin embargo, consideró que «el problema radica en el contenido». En declaraciones a Ep aseguró que «la asignatura por sí misma no es mala ni perversa», sino que «depende del contenido que se le dé». Por este motivo, abogó por que «los partidos lleguen a un pacto para que el contenido sea aceptable para todos, igual que se hizo con la Constitución». Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Lorenzo del Río, insistió en que, «a pesar de las divergencias existentes a nivel territorial, el Tribunal Supremo ha unificado doctrina», aunque señaló que es normal que los objetores «quieran agotar todas las vías». Mientras, en el sector educativo, ayer no faltó quien celebrara la decisión del Supremo. Los padres laicos de Ceapa se mostraron de acuerdo con el fallo porque las asignaturas deben estar supeditadas «a las necesidades del alumnado y no a las posiciones de determinadas personas», en alusión a los padres objetores. Para la Federación de Estudiantes Progresistas, el fallo «es un varapalo para los sectores más belicosos, que esperamos dejen en paz a la comunidad educativa y no sigan confundiendo a los estudiantes». El sindicato FETE-UGT, por su parte, se mostró «satisfecho» con la decisión del Supremo porque establece que EpC «es una asignatura como otra cualquiera». Para el director de la editorial Akal, responsable del manual más polémico de Educación para la Ciudadanía, Jesús Espino, manifestó que la decisión del TS de desestimar las objeciones a la asignatura «era la única posible».