En los primeros días de noviembre la ministra de Defensa concretó un cambio de principios en el discurso oficial del Gobierno sobre la intervención en Afganistán. Hasta esa fecha, el Ejecutivo rehuyó siempre hablar de una guerra abierta contra el terrorismo y se refirió con insistencia a una misión de paz y humanitaria, de socorro en fin a la población. En aquellas fechas, Chacón se encontraba en Afganistán para trasladar los féretros de los dos soldados fallecidos en el último ataque suicida contra nuestras tropas y fue allí, sobre el terreno, cuando aseveró que España está en el país asiático porque «aquí se fraguan amenazas contra miles de ciudadanos inocentes y libres del mundo. Estamos en Afganistán porque quienes han arrancado la vida de nuestros compañeros no sólo amenazan al pueblo afgano, amenazan la libertad y la seguridad de todos, también de nuestras familias», afirmó, en un replanteamiento de la «misión de paz» en Afganistán. Pocos días más tarde, la ministra de Defensa fue todavía más clara y aseguró en el Congreso de los Diputados que las tropas españolas están en Afganistán para combatir al terrorismo internacional que declaró «la guerra al mundo civilizado» el 11-S de 2001 y que convirtió ese país en «base de operaciones de Al-Qaida».  El cambio sustancial en la posición del Gobierno resultaba pues incuestionable. Desde entonces, además, se han producido pequeños avances para mejorar las condiciones de la misión y se ha eliminado el límite de soldados en el extranjero. El Gobierno, sin embargo, se enfrenta en las próximas semanas a un horizonte en el que deberá dar pasos definitivos en ese replanteamiento general de la presencia española en Afganistán. LA RAZÓN informó ayer de que el Estado Mayor del Ejército ha pedido refuerzos para el contingente ante el considerable aumento de la inseguridad en la zona. El incremento de la violencia y del hostigamiento a las tropas en la provincia de Badghis, donde nuestros militares realizan una parte sustancial de su trabajo, han disparado todas las alarmas. La situación general del conflicto tampoco es nada positiva, después de que la presión de los talibanes sea cada vez mayor en todo el país. La OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, ha manifestado insistentemente que los aliados están obligados a aumentar sus efectivos considerablemente si se pretende hacer frente a la acción terrorista con ciertas garantías de éxito. Bajo este nivel de amenaza, es ineludible y urgente que el Gobierno atienda las peticiones no sólo de nuestro Ejército, sino también de nuestros aliados para que se refuerce la misión española con más y mejores medios. Que nuestros militares puedan desarrollar su labor en óptimas condiciones debe ser una prioridad para el Ejecutivo, que también tiene que tener muy presente que España no ha estado precisamente a la altura adecuada en el cumplimiento de los compromisos internacionales. Otra negativa a la OTAN y nuevas excusas y más demoras para nuestros militares no encajarían para nada en la nueva lectura sobre la guerra en el país asiático de la ministra de Defensa, que además creemos que es la correcta. La comunidad internacional libra una lucha contra el terrorismo en distintos escenarios del mundo, aunque el más cruento y amenazador ahora mismo parezca Afganistán. Del destino de ese conflicto depende nuestra seguridad y libertad y por eso se deben poner los medios, todos ellos, para que el esfuerzo de nuestros militares se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles y la recompensa final sea que el fanatismo islamista y criminal sea derrotado.