El Gobierno ha dado un paso más en la lucha contra la violencia de género. Los ministros de Igualdad, Interior y Justicia se han coordinado en un plan que, aún en fase inicial, es esperanzador: a partir del 24 de julio se repartirán en los juzgados 3.000 brazaletes GPS para la localización de maltratadores cuyas órdenes de alejamiento no sean suficiente protección para la víctima. Estos dispositivos de detección de proximidad, con un radio máximo de 500 metros, están concebidos como una medida preventiva, ya que la mujer podrá ponerse en contacto con un centro de control donde personal cualificado comunicará la situación de riesgo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que actúen en consecuencia. Esta medida, que ya se aplica en la Comunidad de Madrid, tiene unos potenciales efectos positivos: el primero, y más importante, es que se le proporciona a la mujer maltratada una sensación de seguridad. En el caso del agresor, esa vigilancia permanente tendrá probablemente un efecto disuasorio. A la espera de valorar su eficacia, se debe evaluar si la cifra de 3.000 brazaletes es suficiente si se tiene en cuenta que sólo uno de cada diez maltratadores lo llevará. Sería deseable que esta iniciativa surtiera efecto, aunque tampoco conviene sobrevalorarlo como una panacea.