El vicepresidente del CGPJ y las asociaciones judiciales critican el «intento claro de presión» al Constitucional del editorial conjunto de la prensa catalana

Las asociaciones judiciales y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial vinieron a coincidir en valorar de forma muy negativa y como un intento claro de presión al Tribunal Constitucional el contenido del editorial conjunto de la prensa catalana «La dignidad de Catalunya». A la vez, vinieron a reclamar que se deje trabajar con sosiego a los magistrados y que se espere a la sentencia sobre el Estatut antes de criticar la misma.
Desde el Consejo General del Poder Judicial, su vicepresidente, Fernando de Rosa, consideró, siempre a título particular, «muy peligroso las presiones a órganos o instituciones del Estado, máxime cuando aún no se conoce la sentencia”. Así, señaló que la Constitución “que votamos la mayoría de los españoles, y los catalanes también» establece que el máximo órgano de interpretación de constitucionalidad de las leyes corresponde al TC. Por tanto,  todo lo que suponga cualquier tipo de ataque o presión a ese tribunal «supone un ataque al Estado de Derecho y al sistema democrático que todos los españoles iniciamos en 1978 con la Constitución».
En este sentido, recordó que el Estatut es una ley, «importante, eso sí», y que, al igual que las demás, está sometido al control de constitucionalidad, al principio de legalidad».
Su conclusión sobre las opiniones que se están vertiendo desde distintos sectores en los últimos días en relación con la posible sentencia del TC no es nada positiva: «Lo que veo estos días me preocupa, como ciudadano y como jurista, porque abre la posibilidad de que en cualquier momento se presiones a los órganos constitucionales de una manera determinada».
Por ello, reclamó que todos den «tranquilidad a los organismos e instituciones del Estado, para que actúen con los mecanismos que la propia Constitución prevé».
Desde Jueces para la Democracia, su portavoz, Ignacio Espinosa, fue contundente sobre esta cuestión: «¡Que dejen en paz de una vez al Tribunal Constitucional». Además, recalcó que intentar presionar al tribunal «no sirve para nada, porque no van a cambiar por ello de criterio, que es lo que parece que se parece lograr en este caso».
Por ello, pidió que se deje a los magistrados «reflexionar y deliberar» con tranquilidad, para que puedan dictar sentencia». Y será cuando se dicte sentencia el momento en que se pueda criticar la misma si no se está de acuerdo con ella, después de «acatarla». Así, añadió, «ahora, no hay nada que criticar porque no hay nada escrito».
En todo caso, quiso dejar claro que, con los recursos interpuestos contra el Estatut no está ocurriendo nada más que un «funcionamiento democrático del Estado de Derecho», ya que fueron presenados por quienes están legitimados para ello. Y será el TC, como «máximo intérprete de la Constitución» el que tenga la última palabra sobre ellos.

Sentencia denigrada
Por su parte, desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, su portavoz, Antonio García, destacó que, en el fondo, lo que se pide al TC en el editorial de la prensa catalana de ayer es «que se declare constitucionalmente insumiso y sus magistrados se olviden del juramento o promesa que hicieron al tomar posesión de sus cargos».
En su opinión, el contenido del citado editorial constituye una «presión y una advertencia en toda regla al TC» que no se puede enmarcar dentro de la libertad de opinión. En cambio, constituye un «ejemplo clarísimo, una intimidación velada y en toda regla a la labor del TC, porque lo que se viene a decir es que si no se está de acuerdo con la sentencia se montará un gran jaleo». Al final, concluye el portavoz de la APM, «ya se ha denigrado una sentencia antes de que se haya dictado».
Junto a lo anterior, considera que  ante estas presiones, la presidenta del Alto tribunal, María Emilia Casas, debería dejar claro, «desde la prudencia, calma, tranquilidad y mesura», su profundo desacuerdo con «este tipo de manifestaciones y comportamientos, que, en último término, intentan influir en la decisión que debe adoptar».
Por otro lado, Conrado Gallardo, presidente del Foro Judicial Independiente, considera que, en fondo de todo este asunto, lo que trasluce es la necesidad de pensar «seriamente» en la reforma del Tribunal Constitucional, principalmente en lo que se refiere a la elección de sus miembros, «para garanizar su independencia», toda vez que la configuración actual es «influenciable, moldeable y presionable».

Control político
Y es que no tiene dudas de que los partidos políticos «no respetan de forma auténtica la separación de poderes y es algo que cada vez disimulan menos».
En cuanto al editorial en cuestión, dijo que, en realidad, lo que le preocupa es que, al ser publicado por periódicos de tan distintas tendencias, puedan existir indicios de que haya un «control político de la prensa por parte de algunos partidos».