A mediados de los años 80, TVE emitió una serie que narraba las historias de un bufete de abogados de Madrid en el que la mayor parte de sus asuntos profesionales estaban relacionados con el llamado turno de oficio. Un servicio gratuito, gestionado por el Colegio de Abogados y desconocido por muchas personas, pero de gran importancia por asistir a quienes no pueden pagar una defensa privada. Así, queda garantizado que todo el mundo sea defendido por un letrado y según he podido comprobar recientemente funciona con un extraordinario nivel de calidad y eficacia. Alguien cercano a mí necesitó consultar un asunto a los Servicios de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados, una prestación también gratuita a la que puede acceder cualquier ciudadano porque no hay que justificar carencias económicas. A continuación pidió la asistencia letrada gratuita y con una celeridad increíble le fue adjudicada una abogada. El tsunami que tenemos encima en forma de crisis-recesión-deflación puede ser observado desde perspectivas diferentes y una de ellas es, precisamente, el aumento de solicitud de defensa gratis que recibe el Colegio de Abogados. Y es que ha crecido alarmantemente el número de ciudadanos que carece de recursos económicos debido al incremento de despidos, la petición de concurso de acreedores por personas físicas o los expedientes incoados por la Administración frente a extranjeros «sin papeles». Pero sigue siendo en penal en el que se realiza el mayor número de nombramientos, porque como me confesó uno de los abogados «cada vez hay más atracos, motivados por la pérdida del empleo, que lleva a la indigencia y, en ocasiones, a la caída en la delincuencia». Sin embargo, el desempleo no debería llevar aparejada ninguna actuación delictiva porque ser pobre es una desgracia, pero no una vergüenza, mientras que ser un delincuente sí lo es. Pese a que entre algunos han desaparecido los valores y se ha impuesto un relativismo moral que justifica perpetrar un robo o un atraco para satisfacer una necesidad material. Digresiones aparte, la sociedad tiene una deteriorada imagen de la Justicia, fundada en razones objetivas, por lo que demanda una mejora y modernización de la misma. Así pues, las instituciones afectadas que van desde el Ministerio de Justicia al CGPJ, pasando por las consejerías de las comunidades, deberían ponerse a ello. Pero hay algo en el entramado jurídico que sí funciona y es la actuación de los abogados, quienes, en contra de la creencia generalizada, no son algo externo a la Administración de Justicia, sino una parte fundamental de la misma ya que sin su intervención no existiría la Justicia como sistema de resolución de conflictos. Dentro de un colectivo de más de 100.000 personas habrá de todo, pero por lo menos el «turno de oficio» desempeña una magnífica labor. Hay voces que hablan de cambiar este servicio de manos y funcionarizarlo o privatizarlo para que deje de ser gestionado por los colegios de abogados. Estos ofrecen garantía de independencia y calidad de los letrados que ejercen la defensa y, como dicen los estadounidenses en una frase aplicable a este caso, «Si algo funciona, no lo toques porque puedes estropearlo».