Lo peor de la decisión del Congreso sobre la Madre Maravillas es que pone de manifiesto que en la España actual hay discriminación. No hubiera habido problema alguno en poner una placa con el nombre de un sindicalista o incluso en dedicarle una sala entera de las Cortes. No habría problema en hacer lo propio con un antiguo militante de ERC o con un compañero de Carrillo en la Junta de Madrid. No presentaría obstáculo el hecho de que el agasajado fuese un famoso homosexual o una lesbiana feminista. Todos serían argumentos de peso que no encontrarían en sí mismo oposición. Pero si de lo que se trata es de una monja, mucho cuidado. Si además es una monja que ha sido canonizada por Juan Pablo II, más cuidado aún. Si era una monja que tuvo la suerte de no ser fusilada durante la guerra civil, peor todavía. De nada vale el hecho de que la Madre Maravillas hubiera nacido y vivido en el actual edificio del Congreso. Ni que entregara su vida a los pobres, a los enfermos, a los ancianos, a las personas sin vivienda. Las excusas de la izquierda sobre la aconfesionalidad del Estado se caen por su peso. Y Bono ha vuelto a demostrar que, a la hora de la verdad, carece del valor que se le supone a quien es presidente de las Cortes y ha sido ministro de Defensa.