Una victoria moral es lo que sentimos una gran parte de los descendientes directos del Almirante Diego de Alvear al conocer la sentencia del juez Mark Pizzo en relación con el caso «Nuestra Señora de Las Mercedes». Así lo he llamado siempre para evitar, precisamente, darle publicidad a esta empresa «cazatesoros» que se lucra a partir del expolio de restos arqueológicos subacuáticos que forman parte de la memoria de España y de los españoles. Horas después de conocerse esta noticia las acciones de esta compañía se desplomaban hasta un 60 por ciento en el Nasdaq neoyorquino ante la cara de espanto de sus responsables. La empresa norteamericana, que dirige Greg Stemm, ha visto cómo dos de sus tres argumentos han sido, no sólo cuestionados por el juez, sino que los ha rebatido uno por uno. Me refiero a ese truco de despistar sobre la identificación del pecio, se trata de la fragata española «Nuestra Señora de Las Mercedes», así como cuestionar la propiedad de su carga. Dicho buque navegaba bajo bandera nacional y lo hacía custodiando no sólo a la tripulación, sino también parte de esa carga (un tercio) que pertenecía a la Corona española. El resto era de particulares. Mark Pizzo, que así se llama el juez, ha dictaminado esta primera sentencia con una claridad y contundencia que deja poco margen para un vuelco en la decisión final. La empresa «cazatesoros» ya ha manifestado que recurrirá y que la noticia le ha causado una gran sorpresa, mostrándose esperanzados en que los tribunales norteamericanos acaben dándoles la razón. Ahora tan sólo les queda continuar con su tercera y única estrategia: la de aunar las voluntades de los descendientes y animarles a que se unan a ellos en su recurso. A los descendientes directos de aquellos que murieron en esta tragedia querría transmitirles que el Gobierno español abrió la posibilidad (1824) de reclamar ante los tribunales y que indemnizó antes de 1870 a todas las víctimas que pudieran probar que sus propiedades estaban a bordo del buque «Nuestra Señora de Las Mercedes», según Instrucción que regulaba las caducidades de las reclamaciones de aquellas víctimas que debían ser indemnizadas por el apresamiento de buques de la Real Armada a manos de Inglaterra. Por último, no quería dejar la oportunidad de felicitar al Gobierno español (al equipo de la dirección general de Patrimonio), que durante muchos meses ha trabajado duro en la defensa de los intereses españoles ante este expolio. Mis felicitaciones más sinceras a James Goold, abogado norteamericano, que a su vez ha efectuado un gran trabajo y con el que la Armada (en la persona del Almirante director del Museo Naval, Gonzalo Rodríguez González -Aller) ha colaborado estrecha y fructíferamente. Red de apoyos Vayan mis agradecimientos, de manera pública y sincera, a las numerosas personas que han apoyado nuestra causa desde las redes sociales (Facebook, Twitter, mi blog, etc...) y por último, mi más sincera felicitación a LA RAZÓN por su compromiso en difundir los valores de España y en defender los intereses de nuestro país en casos como éste. Confío en que esta sentencia sirva de ejemplo para esas empresas «cazatesoros» que obtienen beneficio económico a costa de expoliar yacimientos subacuáticos. Ojalá les ayude a reflexionar y a colaborar en el cumplimiento del Convenio sobre la Protección del Patrimonio Subacuático (CPPS) promovido por la Unesco pero a instancias y liderazgo del gobierno español. Sin duda, esta sentencia es una victoria moral no sólo para España sino para los españoles, y de la que se beneficiará la humanidad entera. (*)Diego de Alvear comandaba la fragata «Nuestra Señora de las Mercedes»