El magistrado Francisco Serrano, titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla, se equivoca solamente en una cosa: esa concesión al «hembrismo» (expresión deuda de la más atinada «mujerismo», cuyo copyright cabe atribuir a los admirados maestros de la escuela nazarí R. R. y M. A. H.) denominada Ley de Violencia de Género no tiene nada que ver con el limbo de Guantánamo, sino más bien con las leyes «Jim Crow» o las de Nuremberg, los últimos ejemplos en la legislación occidental en las que ciertos individuos (negros en un caso, judíos en otro) veían reducidos sus derechos desde el mismo momento de su nacimiento. En España hoy, y en virtud de esa normativa, se aplican distintas penas para el mismo delito según el sexo del infractor. Todo ello, sin que los delitos de género se hayan reducido en el cuatrienio de vigencia. Al contrario, han aumentado exponencialmente. El juez Serrano dice que más del 85% de las denuncias presentadas por maltrato no son demostradas ante el tribunal y que el denunciado, como en los juicios de la Santa Inquisición, se convierte automáticamente en reo con la obligación de invertir la carga de la prueba para demostrar su inocencia. Evidencias, verdades del barquero¿ por las que habrá de pagar un alto precio. Hay precedentes en esta misma ciudad: al general Mena lo empuraron por recitar un artículo de Constitución.