Del sumario se deduce que el PP ha sido víctima y no parte de las corruptelas

El levantamiento parcial del secreto que teóricamente pesaba sobre el sumario del «caso Gürtel» apenas si aporta novedades cualitativas a lo ya filtrado durante estos últimos meses, pero sí permite abundar en ese patio de Monipodio montado por un puñado de pícaros para usufructo personal. La farsa se enriquece así con toda suerte de diálogos, conversaciones y confesiones a media luz que destilan pillerías, engaños, fanfarronerías y supuestas hazañas que no mejoraría el Lazarillo de Tormes. Por más que todo esto cause cierta repugnancia y retrate la catadura moral de los protagonistas, sería temerario deducir conductas penales o suplantar al juez, como están haciendo algunos dirigentes políticos.
      No se conoce todo el sumario, sólo un tercio de los 40.000 folios de los que consta, y del material desclasificado sólo se obtiene una visión parcial, sesgada en muchas ocasiones y fuera de contexto en otras. En el sumario aparecen decenas de personas diversas, cargos públicos y empresarios de todo tipo, algunos citados de pasada y otros invocados circunstancialmente por individuos cuya palabra no cotiza precisamente en la bolsa de la honradez. Una lectura reposada de los pasajes más elocuentes desvela el funcionamiento de una trama manejada por una docena de malabaristas que pululaban en torno al PP, ya estuviera en el poder, como en Madrid, Valencia o Castilla y León, o en el propio aparato del partido. Demuestran una gran habilidad para moverse en ese ecosistema político que cultiva el halago, el regalo caro y el favor al poderoso para obtener, como contrapartida, cien veces más. Ni que decir tiene que se trata de una fauna sin principios políticos que medra con la misma vitalidad en torno al PSOE y a los nacionalistas, como demuestran las hemerotecas, tan nutridas de corruptelas similares, algunas aún vivas. De todo ello se deduce que el PP como partido y sus dirigentes allí donde gobiernan han sido víctimas de esa trama de logreros. No hay indicio alguno de financiación del partido, a diferencia del «caso Filesa» que afectó al PSOE, ni de lucro personal de sus gobernantes, salvo alguna excepción. Además, no se puede olvidar que las finanzas del PP son anualmente auditadas por el Tribunal de Cuentas. Frente a esa imagen de «corrupción sin fronteras» que el coro mediático del PSOE se ha dedicado a propagar, los responsables del PP han actuado con honradez y cuando detectaron pruebas irrefutables de irregularidades han obrado en consecuencia. La metódica filtración, sesgada y manipulada, del sumario ha configurado una película que no parece ajustarse a la realidad, algo así como un iceberg invertido que  muestra mucha más fachada que fondo. Por eso acierta Mariano Rajoy al moderar los tiempos de respuesta y no dejarse llevar por los toques a rebato de dentro y fuera del partido. Si hubiera hecho caso a los adalides de la «justicia» súbita ya habrían sido condenados Camps, Soria y otros muchos dirigentes acusados sin base ni pruebas, como los jueces han sentenciado. Rajoy ha fijado la imputación formal como frontera para actuar y debe mantenerla dando plena confianza a sus colaboradores.
     Por lo demás, y dada la incompetencia de la Administración de Justicia para preservar el secreto del sumario, sería conveniente que los instructores aceleraran el trabajo y lo abrieran al conocimiento público, único modo de impedir que se hagan juicios paralelos y se condene en la plaza antes de que los tribunales separen a  justos de pecadores. De paso, no estará de más que los jueces diriman si intervenir las conversaciones entre abogado y cliente viola derechos constitucionales e invalida los testimonios así obtenidos.