Málaga

Responsabilidad

La Razón
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«Forn se desmarca del papel de los Mossos el 1-O y apunta a Trapero» (1).

El ex conseller de Interior declaró ante el juez Llarena que «él no era responsable del despliegue operativo de la policía autonómica con motivo del referéndum ilegal, ni dio instrucciones a los Mossos porque esta labor, recalcó, “es de los uniformados”».

No se porque, pero esta frase me suena. A lo largo de nuestra Historia son muchos los uniformados sobre los que han recaído responsabilidades que correspondían a otros, que siempre han encontrado maneras políticas para saber y poder endosarlas. No me remontaré a los fenicios para recordar que en el chivatazo del Bar Faisán quienes finalmente se sentaron en el banquillo fueron dos policías uniformados.

Viene a mi memoria el pulso firme y responsable de una excepcional Margaret Thatcher, no solo esgrimido ante las huelgas salvajes de sindicatos ingleses, sino también con otras huelgas, las de hambre, con que le presionaron miembros del IRA. Precisamente de este grupo terrorista irlandés eran los abatidos en Gibraltar por efectivos del Ejército británico en marzo de 1988. Era un martes, día en que se celebra una parada militar, por tanto día en que podían causar mas daño con un coche bomba aparcado cerca del Palacio del Gobernador. El grupo –dos hombres y una mujer– había sido localizado en Málaga por la Policía española y «seguido» hasta la Roca en una operación conjunta de los dos países. Inocencio Arias, entonces subsecretario de Exteriores, nos ilustraría bien esta operación.

Pero lo importante en mi opinión, fue la reacción de Thatcher asumiendo la actuación de sus fuerzas de seguridad. Incluso alguien puso en sus palabras un «si; yo disparé» algo no demostrado. En sus memorias y contestando a una interpelación parlamentaria figura solo un : «we never discuss matter concerning security forces in this House»(2). Esta era la clave de su grandeza: la asunción de responsabilidades.

Por supuesto la línea que separa responsabilidades políticas, militares o policiales es muy compleja y trazarla en momentos de gran tensión como son los atentados terroristas o graves accidentes, la hace más difícil aun.

Nuestras Ordenanzas marcan una de estas líneas: «cuando las ordenes entrañen la ejecución de actos que manifiestamente sean contrarios a las leyes y usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la Constitución, ningún militar estará obligado a obedecerlas; en todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión» (Artº 34).

Pero en la duda, cuando otro artículo de las mismas Ordenanzas relaciona las ordenes con la responsabilidad del superior de «velar por su cumplimiento», siempre es más noble el reconocimiento de responsabilidades por parte del superior, que deslizarla hacia abajo.

El tema es de frecuente debate en seminarios y convenciones alrededor siempre del concepto de «obediencia debida» que el citado Artículo 34 aclara. Se analiza desde la ciega obediencia a Hitler de muchos generales durante la Segunda Guerra Mundial, hasta las responsabilidades de un posterior Gobierno alemán en el «suicidio colectivo» de miembros de la banda Baader Meinhof cuando a finales de los setenta pretendían emular a tupamaros uruguayos utilizando el asesinato, el secuestro y el coche bomba como herramientas. Vestidos de «Ejército Rojo» (Rote Armee Fraktion) lanzaron una lucha sin cuartel contra empresarios y responsables políticos que, según ellos, ahogaban la vida económica de una nueva y próspera Alemania. Eran tiempos, antes de la caída del Muro de Berlín en que los movimientos revolucionarios no tenían fronteras.

En un testimonio brillante que aúnan Lorenzo Silva, el coronel de la Guardia Civil Manuel Sanchez y el periodista Gonzalo Araluce (3) nos recuerda entre otros impresionantes testimonios, el apoyo que encontró ETA en terroristas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno (MIR) concretamente en el secuestro de Emiliano Revilla. Luego aparecerían disensiones por el reparto de los mil millones de pesetas obtenidos por el rescate del conocido industrial.

A lo largo de un relato que aun estremece, (4) enriquecido por testimonios directos tras décadas de lucha contra ETA, aparecen nuevamente las líneas rojas que marcan los límites del Estado de Derecho. Otra vez las responsabilidades políticas: ¿Quién crea o bendice la creación del GAL? ¿Qué consecuencias supusieron en su momento? ¿Pero, quién se sienta finalmente ante un juez?

La historia nos enseña que cuando el Estado utiliza los mismos medios que los terroristas –Argentina durante las Juntas Militares, Francia en Argelia, los Estados Unidos en Vietnam– acaba perdiendo la batalla y no sólo moralmente, sino físicamente y en la que es muy difícil asumir y determinar responsabilidades.

Bajando de nivel, pero en nuestra realidad cotidiana, en el caos de la AP-6 en la noche de Reyes, un teniente coronel de cabeza bien amueblada, me escribía socarrón: «verás cómo al final la responsable será la UME».

(1) La Razon.12 de Enero.

(2) «Yo no discuto nunca en esta Casa, temas relacionados con nuestras Fuerzas de Seguridad».

(3) «Sangre, sudor y paz». Península. Octubre 2017.

(4) Tras el atentado de ETA en Hipercor, algunas voces denunciaron la pasividad del Estado por no reaccionar ante el preaviso de 35 minutos que dio la banda asesina. A HB se unió entonces La Crida en cuya dirección se integraba Jordi Sànchez. (3. Pag. 148)