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Agustí Juandó Royo

Tiempo de lectura 4 min.

05 de agosto de 2017. 22:52h

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El Premio Agustí Juandó fue creado en el 2004 por la Abogacía Catalana para la promoción del uso del catalán en la justicia, y para ello el nacionalismo inventó el relato sobre un personaje que debía cumplir tres requisitos: Que fuera de izquierdas, defensor del catalán y asesinado por los franquistas: «Agustí Juandó y Royo fue un abogado condenado a muerte por el franquismo para promover el uso del catalán. Secretario de la Audiencia Provincial de Barcelona en 1936 cuando comenzó la revuelta militar. Tras un consejo de guerra, le impusieron la pena máxima por haber impulsado la catalanización a los servicios de justicia», reza como eslogan del premio. Bajo el título de «Memoria histórica» y al amparo del «Memorial Democrático», se ha desarrollado una doctrina utópica, que exonera la Generalitat Republicana de su responsabilidad como factor detonante de la conflagración fratricida, olvida los antecedentes criminales de la sublevación de octubre de 1934 y convierte la mitificada República en una suerte de paraíso terrenal regida por el mártir Companys. El abogado Juandó ejerció de oficial del juzgado de Barcelona del que fue destituido en 1925 por irregularidades en el desempeño de su cargo. Abogado y militante de ERC, en 1934 obtuvo la gloria periodística al conseguir que el Tribunal de Urgencia absolviera a Maruja Martínez Sacramento –una artista del cabaret «La Criolla»– acusada de matar de tres tiros a su pareja, Mariano Rodríguez Gómez, un delincuente habitual que la golpeaba y amenazaba frecuentemente. Su bagaje profesional se limitaba a su militancia política y a la defensa de una cabaretera de las salas de recreo y lascivia que frecuentaban los hombres de ERC. Juandó fue nombrado secretario judicial de la audiencia Territorial el 27 de agosto de 1936, poco después del asalto «manu militari» del Palacio de Justicia de Barcelona a manos de anarquistas y republicanos comandados por el inefable Samblancat, convirtiéndose en pieza clave de la justicia de Cataluña, al decidir sobre la vida y hacienda de los enemigos políticos del régimen de Companys. Dictada sentencia, esta se aplicaba a través de la «Justicia Revolucionaria» de los Escorza y García Oliver que reinaban en Cataluña, y terminaba con el detenido muerto en una cuneta a manos de los «incontrolados». Juandó se embolsó dinero con el chantaje a los ciudadanos detenidos y desde su despacho coordinaba la compra y venta de artículos de lujo que previamente incautaban, estableciendo una organización criminal perfectamente coordinada y dirigida desde el mismo Palacio de la Justicia, pero su actividad ocasionó denuncias contra sus fechorías. Los comunistas, victoriosos después de los «Fets de Maig del 37», detuvieron a Juandó el 29 de octubre del 37, torturado por los agentes soviéticos en la «Checa de Vallmajor», encarcelado en el «Barco Uruguay» y finalmente destinado al «Campo de Trabajo de Falset», bajo la acusación de evasión de capitales y de cabildeo fue condenado a la pena de muerte el 11 de enero de 1939 por el «Tribunal Central de espionaje y Alta Traición» de la Generalitat. Detenido en la cárcel Modelo, esperó la ejecución de su sentencia, pero las autoridades republicanas huyeron de la ciudad el 26 de enero sin ejecutar al detenido. Juandó fue arrestado por los franquistas, juzgado y ejecutado en julio de 1939, bajo la acusación de ladrón y corrupto. Ni palabra de que hubiera defendido nunca el catalán en los tribunales de Justicia.

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