Con sus propios impuestos

Se oye mucho últimamente entre los arbitristas, metomentodos y otros oficiantes del desconcierto que una buena solución para el problema de Cataluña –y, supongo yo, de cualquier otro lugar en el que prevalezca una política de sentimientos– sería la de que los catalanes –o sea, sus políticos– se manejaran en eso del autogobierno con sus propios impuestos. «Como los vascos», apuntan los más avezados del lugar –que suele ser, normalmente, un medio de comunicación– sin darse cuenta de que, al decirlo, apuntan a su ignorancia o, lo que es peor, a su vasallaje con respecto a los tópicos nacionalistas que tanto abundan en los tiempos que corren. Lo de los vascos en esta materia es una de las más fantasiosas imposturas que se han difundido por doquier hasta convertirse en un tópico aceptado como si fuera verdad. Y sin embargo lo cierto es que los vascos nunca han recaudado «sus propios impuestos», sino más bien los que les han fijado las instituciones del Estado. En eso, precisamente, consiste el Concierto Económico, una ley que no se aprueba en el Parlamento de Vitoria –que no tiene competencias para ello–, sino en el Congreso de los Diputados, en Madrid para más inri. Cierto es que esa ley permite que las Diputaciones Forales –no el Gobierno Vasco, que tampoco tiene capacidad en este asunto– reglamente algunos aspectos fiscales referidos a los tipos impositivos o a los beneficios sobre los contribuyentes; pero su autonomía en esto es limitada y, sobre todo, se encuentra sujeta al principio general de que la presión fiscal en su territorio no difiera de la del conjunto de España. Dicho de otra manera, para los vascos no hay privilegios en el manejo de los impuestos y, de hecho, en el momento actual las referidas diputaciones no tienen, en materia fiscal, más competencias que cualquiera de las comunidades autónomas españolas, incluida Cataluña, pues a éstas también se les ha dotado de poder para cambiar a su gusto algunos elementos de los impuestos estatales dentro de su región. La única excepción está en el impuesto de sociedades; pero hay que anotar que la vigilancia europea en este tema es tan estricta que ha convertido en infructuosos todos los intentos de las diputaciones vascas para desmarcarse bajando la presión fiscal sobre las empresas.

O sea que «de sus propios impuestos» nada de nada. Métanselo los arbitristas en la cabeza antes de seguir soltando bobadas en todos los foros en los que se repiten como el ajo. Otra cosa es su recaudación, que en el País Vasco corre mayormente a cargo de las diputaciones, en las que ya hay más de un siglo de experiencia en esta materia, además de, por cierto, una buena colaboración con la Agencia Tributaria del Estado. Algunos creen que eso de recaudar es fácil y, por ello, transferible sin mayor problema a la Generalitat catalana. Piénselo bien antes de hundir las cifras y magnificar el fraude. Tal es el precio que se pagaría por la insensatez fiscal.