Carlos Rodríguez Braun

Contra vivos y difuntos

La Razón
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Don Gaspar Llamazares, que ahora es portavoz de Izquierda Unida en la Junta General del Principado, defendió la aplicación del Impuesto de Sucesiones en Asturias, afirmando que solo afecta al 3% de los herederos directos: «Los que heredan más de 150.000 euros y tienen un patrimonio superior a 402.000». Añadió que este impuesto y el tramo autonómico del IRPF son «los más justos y con capacidad de recaudación que tienen las CC AA de régimen común... si se incluyera la herencia en la base imponible de la declaración de la renta y patrimonio del heredero el impuesto sería mucho mayor... Las herencias de inversores son uno de los principales mecanismos de aumento de las desigualdades en el mundo». Como hay autonomías donde la presión por esos tributos es muy baja, el diputado las acusó de «competencia desleal» y dijo que, en concreto, como dicen algunas voces de la izquierda, Madrid es «el paraíso fiscal de las comunidades autónomas». Concluyó que «los servicios públicos hay que pagarlos», y es menester esquilmar a los herederos «para evitar la transmisión de la desigualdad entre generaciones». Este señor es una joya: quiere violar prácticamente todos los derechos de los trabajadores. Y las trabajadoras. Lo primero que hace es señalar unos malvados, a los que se puede maltratar porque son pocos y ricos. Viejo truco: no puede seriamente pensarse que los que heredan más de 150.000 euros son unos privilegiados. No es «justo» quitarles el dinero, y mucho menos poner la herencia en el IRPF, lo que automáticamente significaría que el poder se quedaría con la mitad de todo lo que se herede. No se pretende combatir la desigualdad en el mundo, que, por cierto, cada vez es menor, sino combatir la soberanía popular, el derecho de los trabajadores a conservar lo que es suyo y a legarlo libremente a sus descendientes. Eso es lo que odian los enemigos de la libertad, de izquierdas y derechas, y se les nota. Su objetivo no es impedir la transmisión de la desigualdad sino el ejercicio de la libertad del pueblo.

Porque una cosa es que haya que financiar los servicios públicos y otra cosa es que eso se convierta en una patente de corso para expropiar a los ciudadanos. Y en cuanto a la aversión a la «competencia desleal» de las autonomías con tributación menor, supuestos «paraísos fiscales», habrá que recordarle a don Gaspar el derecho de los ciudadanos a defenderse ante la confiscación de sus bienes. Y hablando de derechos, Llamazares reaccionaba ante uno de ellos: el de manifestación. Decenas de miles de asturianos protestaron en Oviedo contra el tributo de Sucesiones, «el más alto de Europa», y recogieron más de 90.000 firmas en apoyo de su reclamación. Aclararon: «El barrio de Salamanca está lleno de ovetenses». Como si a los progresistas les importara. Lo último que han propuesto en Asturias es un impuesto nuevo sobre lo que llaman «comida basura», es decir, las hamburguesas y las patatas fritas que comen los trabajadores. Y las trabajadoras. Siempre están contra ellos. Y ellas. No fallan nunca.