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20 de septiembre de 2017. 02:38h

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Tomás Gómez 20/9/2017

Desde que el Sr. Iglesias apartó al errejonismo del núcleo duro y, por tanto, de la toma de decisiones, se ha producido una radicalización constante de la organización. En ese congreso los podemitas tomaron una estrategia de calado sobre su forma de hacer política.

Definieron un modelo en el que sobran las instituciones, no por el simbolismo de la expresión, tantas veces aludido por el Sr. Iglesias, de que iban a tomar las calles, sino porque supone la consolidación del modelo populista en el que sobran las instituciones que se interponen entre el líder y la masa gobernada.

Solo entendiendo esta profundización en el camino hacia los extremos puede explicarse la posición que está teniendo Podemos frente a la cuestión catalana. Desde una ambigüedad calculada han evolucionado hacia posiciones útiles a los intereses separatistas.

La primera de ellas tiene que ver sobre la celebración del propio referéndum. Reconocer la posibilidad de autodeterminación de una parte del territorio del Estado es una quiebra del mismo. La última ocurrencia de la dirección podemita ha sido convocar una asamblea nacional interna, en la que se busque “el diálogo con la Generalitat para buscar soluciones políticas democráticas al conflicto en Cataluña que permitan a todos los catalanes y catalanas convocar un referéndum acordado con el Estado para decidir su futuro”.

En realidad, la tensión interna del partido morado entre las Mareas, En Comú Podem y otros socios coyunturales, les impide tener una posición clara en materia territorial. En lo único que sí están de acuerdo es en el ataque al Partido Popular.

Si existe un adversario del PP, es el PSOE y viceversa. El Partido Socialista sabe, desde hace más de un siglo, que la vida de las personas se cambia en los parlamentos, que a los grandes poderes económicos se les gana con el Boletín Oficial del Estado y no acampando en la Puerta del Sol y que es más efectivo el IRPF a los 140 caracteres retuiteados mil veces.

Pero la altura de un partido político se mide en los momentos de crisis. La Constitución del 78 es lo mejor que nos ha pasado en la historia, hizo que los españoles subiésemos a la primera división en estatus de dignidad y libertades, dejamos de ser el norte de África para ser Europa.

Atacar el proceso constituyente no es justo y, además, malicia oscuras intenciones. Por eso, cuando arrecian las críticas hacia el Tribunal Constitucional, la fiscalía, los jueces y las fuerzas de seguridad en cumplimiento de autos judiciales para impedir la celebración de la consulta del 1-O, en realidad, se cuestiona el Estado de Derecho, que debe vigilar precisamente por la supervivencia del propio sistema democrático.

Ininteligible en democracia es, también, la propuesta de los portavoces de Podemos de establecer un diálogo con todo el arco parlamentario, excepto con el PP.

Cuando un gobierno hace mal las cosas, se le critica, se propone su sustitución en un proceso electoral y se intenta convencer a los ciudadanos de que su voto lo haga posible. Pero cuando está siendo atacado el sistema de derechos y libertades que representa la constitución, se defiende el funcionamiento de las instituciones y en eso no debe haber ni un atisbo de electoralismo.

Hay motivos sobrados para, cuando llegue el momento, se produzca un cambio de gobierno, los argumentos de unos y otros inclinarán la balanza electoral hacia uno u otro lado. Pero, para lo que no hay ninguna razón, es para debilitar la Constitución dialogando hasta con PdeCat y, a la vez, estableciendo un cordón sanitario en torno al gobierno de la nación. Y si el argumento son los casos de corrupción, se entiende menos aún.

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