Enrique López

Creer en la Justicia

La Razón
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La imagen de politización de la Justicia está tan arraigada como condicionada por falsos mitos. Lo primero que debemos discernir es que se debe entender por politización de la Justicia, y aquí surgen dos posibilidades, por una lado los inevitables sesgos ideológicos en los jueces y fiscales en la interpretación de las normas que lo permiten por su falta de concreción o su contenido axiológico, y por otro, entender que existen verdaderas injerencias partidistas espurias en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, o ambas cosas. En cuanto a lo primero no existe en el mundo sistema judicial alguno que pueda evitar los sesgos ideológicos, y esto a mi modo de ver el problema, no es tan malo siempre que la norma se aplique con rectitud. El derecho como ciencia social no se puede aislar de las ideologías, generando éstas una positiva pluralidad en su interpretación que enriquece el propio derecho. Ahora bien, es bueno que esta pluralidad ideológica propia de la ciencia jurídica, tanto en la creación el derecho como en su aplicación, sea trasparente y se presente a la sociedad como sano debate, y no como una virtud para unos y un vicio para otros. En cualquier caso, la interpretación y aplicación del derecho no pueden estar al servicio de las convicciones ideológicas de los jueces y fiscales, sino que deben estar regidas por reglas técnicas donde resulta decisiva la formación, puesto que el conocimiento le dotará de mayor libertad de criterio frente a su propia ideología. El problema real se encuentra en que determinados medios de comunicación y algunos políticos hacen listas de jueces, normalmente conservadores, señalándolos como una suerte de pogromo, trasladando a la sociedad una prevención y desconfianza frente a los mismos. Sobre esto se deberá reflexionar, aunque sé que con poco éxito. La segunda cuestión, si existen intromisiones partidistas en el ejercicio de la justicia, la rechazo categóricamente, al margen de que haya y haya habido vanos intentos. Confundir la naturaleza del gobierno del poder judicial con el propio poder judicial es un error, puesto que el primero tiene una necesaria y positiva dimensión política, en la que debe decantarse un también necesario pluralismo político inspirado en mayorías parlamentarias y corporativas, ambas legítimas; ahora bien, es injusto trasladar este signo ideológico a los jueces en general, y en especial a los nombrados para determinados puestos. Lo mismo se puede predicar del Tribunal Constitucional, donde también es legítimo que las mayorías parlamentarias y el propio gobierno de turno, trasladen el necesario pluralismo político a la composición del tribunal, eso sí, tanto en este caso como en el del CGPJ, con mandatos que superen al del órgano proponente. Esto ocurre de una u otra forma en la totalidad de los países democráticos serios sin generar la tensión que existe en España, y sobre todo sin crear etiquetas ideológicas a los jueces para denostar su quehacer profesional, si bien en esto, la asimetría ideológica que imprimen algunos políticos y medios de comunicación es grosera. Tan solo queda esperar y desear el aumento de la cultura democrática en España, así como la asunción respetuosa de las reglas del juego.