El pacto

Vivir en el extranjero durante años proporciona una perspectiva más amplia de las situaciones por las que atraviesa España. Que ir a unas terceras elecciones legislativas constituiría un desastre admite, sinceramente, poca discusión. Ya pasar por las segundas ha asestado a la imagen exterior de España un golpe de consideración, así que no parece muy difícil imaginar cómo quedaría si se continuara en esa tesitura. Partiendo de esa innegable realidad, el acuerdo del PP con C’s, independientemente de cuál sea el final, debe ser contemplado positivamente. Intenta evitar una convocatoria electoral tercera y navideña y camina, quizá decisivamente, en esa dirección. Cuestión aparte es luego el contenido del pacto. En términos económicos, es un llueve sobre mojado de la política de gasto público que nos ha llevado a padecer una deuda que supera el cien por cien del Producto Interior Bruto y que ha impedido que cumplamos con el objetivo del déficit de manera reiterada. Sí, ya sé que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que a Montoro le cuadren alguna vez las cuentas, pero no por eso la realidad resulta mejor. Si se añaden algunos gastos sociales que vienen de la mochila de C’s, nos encontramos en una situación en la que no hay manera de vislumbrar cómo vamos a salir del endeudamiento en que anda sumida la nación. A esto hay que añadir toda esa retahíla propia de los programas electorales donde, lo mismo se habla de la necesidad de utilizar más los medios electrónicos que del cambio climático. A lo mejor tenemos suerte, pero milagro será que no se traduzca en nuevos impuestos y más comisiones para los bancos. Finalmente, están, al lado de la eutanasia, las supuestas medidas de regeneración democrática. Soy de sobra consciente de que hay mucha demagogia en el asunto, pero es que lo predicado por C’s durante años se ha quedado reducido a casi nada. Los políticos siguen blindados; lo pactado es de dudosa traslación normativa y, para remate, aparece como gran logro que los beneficiados de la amnistía fiscal vayan a pagar lo que ya en su día fue una concesión para privilegiados, pero que aun así tampoco abonaron. Tampoco pagarán en el futuro. Buena parte de las acciones contra aquel selecto grupo han prescrito y, caso de no prescribir, está por ver la constitucionalidad de una norma punitiva con efectos retroactivos. En otras palabras, que me explico la cara de Girauta y también que Sánchez no arroje la toalla.