El secuestro de la voluntad popular

Se celebró la «consulta popular» de Carmena sin sorpresas, ni en la realización ni en las garantías ni en el recuento ni en el resultado ni en la participación. Salió lo que el equipo de Gobierno municipal quería que saliera y había decidido previamente. Según sus propios datos, la participación de los madrileños no ha llegado al 8%; la mayoría de ellos han votado por correo sin garantías sobre la custodia de sus votos ni sobre la suplantación de sus identidades y sin interventores que controlasen el proceso; han más que doblado el plazo de su recuento y han gastado más de un millón de euros de los ciudadanos para un montaje que soportase su discurso populista de la falsa implicación de los ciudadanos en las decisiones de gobierno de la ciudad carente de validez legal alguna. Y todo organizado y controlado convenientemente por una empresa afín.

Salvo la autosatisfacción de los podemitas –«ahora hay más democracia»–, con el apoyo de un PSOE que dice querer alejarse de la radicalidad de este partido, el resultado ha supuesto un estrepitoso fracaso y un precedente peligroso para la democracia misma. ¿Se puede realmente entender apoyada y, más aún, legitimada una decisión a la que no se ha sumado un 92% de los madrileños? ¿Se puede decir, sin que se les caiga la cara de vergüenza, que está respaldada por los ciudadanos una decisión en la que no han participado el 99,9% de ellos para cambiar el nombre del Rey a un parque de la ciudad?

La cuestión no es si el procedimiento es legal, ilegal o alegal, que también. La cuestión es querer imponer una forma de actuar para apropiarse de manera fraudulenta de una voluntad popular que claramente ha manifestado con su no participación su claro rechazo a ella y, por extensión, a lo que se pretende hacer.

Lo que está en juego con estas iniciativas es el secuestro de la voluntad popular en interés propio –algo característico de las dictaduras populistas de extrema izquierda–, a través de las cuales buscan los partidos afines a ellas acabar con los sistemas democráticos representativos cuando no obtienen el apoyo mayoritario de sus ciudadanos.

La mejor prueba de ello es que el Gobierno municipal está legitimado democráticamente para tomar casi todas las decisiones sobre los asuntos incluidos en su consulta. De hecho, ha decidido y decide cada día sobre otros muchos de igual o mayor relevancia que no ha considerado oportuno consultar con los ciudadanos por extravagantes y perjudiciales que fueran para ellos. Incluir asuntos que no son de su competencia es un paso más allá para ir marcando el camino. Por eso es muy importante no caer en el error de considerar esto meras ocurrencias del «carmenismo» o de los podemitas, porque para su estrategia es un paso muy importante. De ahí su «comprensible» satisfacción ante un resultado tan pírrico.

Es indispensable articular un marco legal claro que regule este tipo de consultas especificando los asuntos que pueden someterse a ellas, los requisitos de convocatoria, participación, información, modos de votación, controles, recuentos, garantías, porcentajes de participación y respaldo mínimos para dar validez a los resultados, y el alcance vinculante de los mismos. Y debe hacerse ya para evitar mayores problemas, porque ellos tienen clara su estrategia y sus objetivos, y no podemos alegar que no los conocíamos.