El TSJC interrogará a Mas dos meses antes de renovar a su presidente

La comparecencia de Artur Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se produce en medio de dos factores claves: la denuncia de una persecución política, esgrimida por el propio Mas y el bloque soberanista, y la renovación del presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, el próximo mes de diciembre. Es el análisis de muchos expertos juristas, que pronostican dos posibles vías de decisión del Tribunal: archivar la querella por considerar que no existen indicios de delito, o alargar el proceso con apertura de otras diligencias. Las elecciones del 27-S, que avivan las acusaciones de Convergencia y los separatistas sobre un juicio político para descabalgar al ganador, la fecha de las generales el 20 de diciembre, y la renovación de Gimeno en este mes por el Consejo General del Poder Judicial enrarecen el ambiente y calientan la situación.

Artur Mas lleva días preparando su declaración junto al equipo de letrados que le asisten, Xavier Melero, Rafael Entrena y Jordi Pina. Tres prestigiosos abogados de Barcelona que sustentan la tesis de defensa en la nula existencia de los delitos imputados sobre el referéndum del 9 de noviembre: desobediencia al Tribunal Constitucional, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones. Además, argumentan defectos de forma al recordar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la declaración de los imputados antes que la de los testigos, y en este proceso ya lo han hecho cuatro personas. Consideran que el inicio de diligencias con la toma de declaración de los querellados «es el medio para hacer valer el derecho de defensa y procedimiento con todas las garantías de la Constitución».

Según su entorno, Artur Mas llega tranquilo y reforzado por el resultado del 27-S. Se considera un «rebelde democrático» ante el Estado por poner las urnas y negará el delito de desobediencia al asegurar que él ya se dirigió al Tribunal Constitucional para que concretara los actos que quedaban suspendidos por la resolución sobre la consulta y no obtuvo respuesta. Negará también la malversación de caudales, puesto que todo el material, como la compra de ordenadores se destinó a colegios e institutos, y defenderá la plena competencia de funciones como presidente de la Generalitat. Tampoco olvidará la carga política del proceso contra «un modesto servidor hacia la voluntad y dignidad de todo un pueblo».

La conspiración y persecución política desde Madrid es el eje de Convergencia y los soberanistas sobre la declaración de Mas. Fuentes de CDC recuerdan cómo se produjo la querella contra el presidente, la entonces vicepresidenta Joana Ortega,y la consejera Irene Rigau. «Ninguno de los Fiscales de Cataluña eran partidarios y lo hicieron obligados por Eduardo Torres-Dulce, o sea, por el gobierno», advierten. Aquellos días se produjo una enorme tensión entre los fiscales catalanes y el Fiscal General del Estado, que culminó con su dimisión del cargo. Para los nacionalistas este hecho demuestra la «presión política» del proceso, junto con numerosas declaraciones de juristas, entre ellos varios miembros del Colegio de Abogados de Barcelona en el sentido de que «es un procedimiento vacío y sin delito».

Otro factor delicado es la renovación del presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, prevista para el mes de diciembre, y que habrá de acometer el actual Consejo General del Poder Judicial. Dirigentes de CDC lo ven claro: «Si archiva la querella será un palo al Gobierno y no renovará el cargo», dado que Artur Mas aparecería como «todo un héroe, un mártir de la causa». Estas fuentes se inclinan por alargar el proceso con nuevas diligencias hasta que pasen las elecciones generales, lo que a Gimeno le evitaría «roces con Madrid». No obstante, fuentes jurídicas apuntan que sus relaciones con el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, no son buenas y que su reelección está en el alero. «Éste es el típico procedimiento que se puede resolver en un día o alargarlo seis meses», afirman.

Para colmo, la fecha escogida es altamente inoportuna: Artur Mas acudirá a declarar el 15 de octubre tras participar en el homenaje al ex presidente catalán Lluis Companys, fusilado hace 75 años. Ello regocija a los nacionalistas y ha molestado profundamente al PP, ya que permite alentar el victimismo y los ataques hacia Madrid. Fuentes del TSJC defienden la imparcialidad del juez instructor, Joan Manuel Abril, que fue elegido por el CGPJ a propuesta de Convergencia en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. «Habría sido poco sensato citar al presidente en pleno proceso de formación de la voluntad popular», matizan, al tiempo que lamentan las presiones que desde ámbitos políticos y mediáticos «cuestionan de forma interesada la legitimidad de la fecha».

El presidente catalán tiene su declaración «perfectamente preparada e irá al Tribunal como un servidor más», según sus abogados. La pasada semana acudió en privado a dar el pésame a una de las familias emblemáticas y mecenas de Convergencia, los Cendrós, tras la muerte de la matriarca María Rosa Jorba, viuda de Juan Bautista Cendrós. Por unos minutos no coincidió con Jordi Pujol y Marta Ferrusola, también presentes. Ironías de la vida, el ex presidente y su heredero están ahora bajo las fauces de la Justicia. Dicen que ambos estaban relajados y con la misma frase a cuántos se acercaban a saludarles: «Aquí estamos, sacando pecho». Y que Artur Mas, junto a su mujer Helena, insistía: «Ni héroe ni villano, rebelde con causa».