En buenas manos

Dicen que en la política como en la guerra todo vale, siendo posible cuestionar todo con tal de deslegitimar un resultado. A estas alturas de nuestra democracia no puede caber duda alguna sobre nuestra administración electoral, debemos confiar en la misma, y ello no como acto de fe. La gestión de las elecciones por un organismo de administración electoral que tenga credibilidad es un elemento crucial para la integridad electoral; para gozar de credibilidad, el organismo de administración electoral tiene que ser imparcial, respetado y tener la capacidad institucional de instrumentar elecciones libres y justas. En España, desde el advenimiento de nuestra actual democracia, los resultados electorales jamás han sido cuestionados por partido alguno, y ello al margen de los errores puntuales que se hubieran podido producir. Nunca fuerza política alguna ha cuestionado los resultados electorales, lo cual ha fortalecido nuestra democracia dotando a nuestra administración electoral de una legitimidad sin precedentes en nuestra historia democrática, así como de una calidad reconocida en el ámbito internacional. Esta administración está compuesta por un conjunto de órganos –Juntas y Mesas Electorales– estructurados de manera jerárquica, y distribuidas a nivel territorial (central, autonómico, provincial y local), que se caracterizan por ser independientes del poder político y gubernativo y que desempeñan de manera exclusiva actividades de gestión, de control y de supervisión electoral, con el objeto de llevar a cabo su importante misión institucional, garantizar que el proceso electoral se desarrolle con objetividad, transparencia e igualdad, respetando las reglas del juego previstas en el procedimiento electoral vigente. Esto ha acontecido siempre y seguirá pasando. En este escenario, uno de los elementos que garantiza esta fortaleza radica en la presencia de jueces profesionales de forma mayoritaria en todas las Juntas electorales, los cuales sin actuar como poder judicial en sentido estricto, –sus decisiones son revisadas por órganos judiciales–, dotan de neutralidad y plenas garantías las actuaciones de dichos órganos, todo ello, sin perjuicio de la inestimable ayuda e igual compromiso de los miembros no judiciales de dichas Juntas. A estas alturas, que alguien cuestione unos futuros resultados electorales alertando sobre posibles riesgos de fraudes solo puede constituir una broma de mal gusto propia de quien no encuentra mejor argumento político que deslegitimar nuestra Democracia. En la actualidad, el diseño institucional de la administración electoral española se caracteriza por su independencia, a asegurada por el perfil de su personal –miembros procedentes del poder judicial y de las instancias académicas–, su sistema de designación (–el sorteo en los jueces y la designación parlamentaria y representantes de las candidaturas en el personal académico–), así como la concesión de la inamovilidad en el cargo. Nuestro modelo electoral goza de suficientes garantías de independencia como para poder confirmar que es un modelo que revierte positivamente en la calidad de las elecciones y en la calidad de la democracia española. Decía Churchill que «el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones».