En nombre del Rey

«El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas». Ésta es la fórmula constitucional de proclamación del Rey. Que sea ante las Cortes Generales es la consecuencia de que nuestro sistema político y constitucional sea la monarquía parlamentaria, lo que confirma toda regulación que hace el texto constitucional de la Corona, tanto en la forma de proveer la Jefatura del Estado como al regular las funciones del Rey como Jefe del Estado.

Dentro de esta lógica constitucional, las relaciones del Rey con los Poderes del Estado están también recogidas en la Constitución. Respecto del Ejecutivo, propone al Congreso de los Diputados un candidato a la presidencia del Gobierno, lo nombra, como nombra y separa ministros, sus actos son refrendados por los miembros del Gobierno y puede presidir las reuniones del Consejo de Ministros; respecto del Legislativo, aparte de lo ya dicho, convoca y disuelve las Cortes Generales y sanciona y promulga las leyes. Situación distinta son sus relaciones con la Justicia, con el Poder Judicial.

En efecto, al regular las funciones del Rey nada dice la Constitución que tenga que ver con la Justicia, quizás por tratarse de un poder cuya sustancia es la independencia; sólo hay una excepción referida al derecho de gracia. Sin embargo, sí dice la Constitución que la Justicia emana del pueblo, lo que es la consecuencia del principio de soberanía nacional que reside en el pueblo español de quien emanan los poderes del Estado. Y añade que se administra en nombre del Rey. Será, como lo son todas las funciones del Rey respecto de los otros Poderes, un cometido formal, simbólico, pero de alta significación. Es una fórmula tradicional en nuestro Derecho histórico, sólo alterada según el tipo de régimen político.

En esa fórmula constitucional siempre he visto un correctivo frente a la tendencia suicida –especialmente en los mismísimos ámbitos judiciales– de concebir la Justicia como un servicio público, antes que como manifestación de la actuación del Estado a través de uno de sus poderes. Si digo suicida es por la temeridad de meter a un poder del Estado, cuya esencia es la independencia, en la lógica de los servicios públicos prestados desde las administraciones, es decir, desde el ámbito competencial de los ejecutivos, ya sea el central, los autonómicos o los locales. Precisamente por esa especial relación de la Justicia con el Rey resultó en su momento muy desafortunado que desde la Casa del Rey se criticasen ciertas actuaciones judiciales referidas a miembros de su familia.

En la práctica de los tribunales es frecuente que, al redactar las sentencias, expresamente recojan esa fórmula constitucional a modo de cláusula de estilo. No hay norma que así lo ordene y en este punto los jueces somos un poco anárquicos, como en la forma de redacción de las sentencias, pese a la reglas claras de las leyes procesales. Pienso que aprovechando este momento de renovación en la Jefatura del Estado y la reforma judicial en trámite, se podría abordar este asunto, menor ciertamente, pero cargado de un simbolismo no precisamente menor.

Dos hechos más remarcan la posición de la Justicia como poder de la mano de la intervención del Rey. Son aspectos protocolarios pero que, de nuevo, colocan a la Justicia en su sitio, en su sitio constitucional. Uno es que el Rey cada año presida el acto de apertura de tribunales y otra que hace entrega de despachos a las nuevas promociones de jueces. Como primer juez que es, en todos las sedes judiciales está el retrato del Rey revestido de la toga judicial, cuyo original se exhibe en la rotonda del Tribunal Supremo.

Al margen de estas relaciones protocolarias y a otro nivel, he sido testigo de la sensibilidad del Rey hacia la Justicia. Cuando se le ha solicitado, ha recibido en audiencia al Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura, igual que el hasta ahora Príncipe de Asturias. Además, hizo entrega del primer premio Justicia en el Mundo, que concede la Fundación del mismo nombre, promovida por jueces de todos los países.