Enrique López

España

La Razón
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El pacto político de 1978 alcanzado por la casi totalidad de los partidos existentes en aquel momento determinó que nuestra Constitución establezca en su art. 2 que la misma se fundamente en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, de tal modo que en el mismo párrafo nos encontramos con los términos indisoluble e indivisible. Una precipitada aproximación a este artículo nos podría llevar a la errónea conclusión de que estamos ante un precepto programático o solo de contenido político y en última instancia metajurídico. Nada más lejos de la realidad. Si analizamos los debates constituyentes, se puede llegar a la conclusión que el precipitado constitucional surge de una realidad previa y es que España es una estructura diferenciada de convivencia resultado de una historia común en la que la inmensa mayoría de sus ciudadanos desean vivir juntos en el futuro, creando un vínculo entre nación y ciudadanía basado en la lealtad y el patriotismo. Todo ello dentro de un sistema basado en la unidad política y jurídica del Estado. Antes de Roma no existía en la Península Ibérica una homogeneidad que pudiera dar lugar a una nación, sentándose las bases de la misma con la colonización romana, puesto que, dentro del Imperio, Hispania adquirió personalidad como nación cultural. La España actual proviene directamente de este suceso histórico, si bien el reino hispano gótico de Toledo constituyó una unidad política con vocación de abarcar la península. A partir de ahí, la historia es bien conocida, por lo menos en las aulas en las que no se retuerce la misma. Se puede discutir la diferencia de la nación cultural y política hasta a la saciedad, pero la realidad y la historia son muy tozudas a la hora de afianzar esta imagen de España y así es como nos reconocen en el extranjero. Ahora bien, un sistema constitucional como el nuestro solo se mantiene sobre la base de respeto constitucional y no sobre el mero acatamiento. Por ello, es obligación de los poderes públicos hacer todo posible para que el patriotismo sea una realidad compartida sin necesidad de acudir al concepto ideológico acuñado por el politólogo alemán Dolf Sternberger y difundido por el filósofo Jürgen Habermas como patriotismo constitucional. Frente a desafíos separatistas como al que nos enfrentamos en Cataluña, la mejor respuesta, además del uso de las herramientas que otorga el ordenamiento jurídico, es el reforzamiento del orgullo patriótico basado en la defensa de España y no desde el mero acatamiento, sino con auténtico respeto constitucional. Quienes desafían el orden condicional deben saber que solo conseguirán la activación de los mecanismos de defensa constitucionales y el reforzamiento del patriotismo. Nuestra Constitución permite profundizar más en la autonomía política buscando mayores cotas de la misma, pero manteniendo la necesaria lealtad constitucional. Decía Blas de Lezo que una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden. Cuando se tiene la razón de la Ley, se tiene el mejor y más eficaz instrumento de defensa.