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Frente a la insolencia, la ley

Tiempo de lectura 4 min.

15 de septiembre de 2017. 21:52h

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Enrique López 15/9/2017

La última vez que los ciudadanos con derecho a voto en Cataluña lo ejercieron de forma exclusiva, libre y conforme a las sagradas reglas constitucionales fue con motivo de las elecciones autonómicas de 2015. En estas elecciones los partidos que han presentado y votado las leyes con las que pretende conducir a Cataluña por la senda de la independencia, JxSi y la CUP, obtuvieron 1.957.348 votos, mientras que el resto de partidos que han votado en contra o se han abstenido, como el caso de Cat si que es pot, obtuvieron 1.972.057 votos; más de la mitad de los votantes en 2015 lo hicieron a opciones políticas que no han apoyado la ley del referéndum que se pretende celebrar. Cuando se pretende justificar este proceso sobre la base de legitimidad democrática es falso, puesto que ni tan siquiera se cuenta con una representación democrática mayoritaria. Resulta curioso que algunos impulsores de esta triste singladura citen el proceso de reforma política de España en 1977, donde se hizo una transición de ley a ley arrumbando el anterior régimen, puesto que parecen olvidar que la ley 1/1977 de Reforma Política obtuvo el 81 por ciento de votos a favor en las viejas cortes franquistas, siendo posteriormente refrendada por el mas del 90 por ciento de los españoles. El sistema electoral catalán permite que un porcentaje menor a la mitad de los electores determine una mayoría parlamentaria con la que se pretende imponer a toda la sociedad catalana un proceso de secesión, y con ello a su vez, determinar una nueva configuración de España. Pero el Estado de Derecho es muy fuerte y actúa, con proporcionalidad, con garantías, pero con toda la contundencia que le ley ofrece. Produce desasosiego y tristeza por igual observar como este proceso a quien realmente está rompiendo es a la sociedad catalana, obligándole a posicionarse frente a un imposible por mor de la ensoñación nacionalista. Comparar la peripecia legislativa del Parlamento catalán, aprobada por una mayoría parlamentaria que no representa ni a la mitad de los votantes catalanes, con el proceso que transformó España en una democracia –el cual tuvo el apoyo de una amplísima mayoría en Cataluña; la Constitución fue refrendada en por el 91 por ciento de las votantes– es un pobre ejercicio intelectual. Resulta paradójico como, por ejemplo en el caso de Canadá, la ley de Claridad en relación a Quebec, que tampoco es que haga justicia su nombre, prohíbe la secesión unilateral de una provincia y obliga al Estado de Canadá a negociar con la misma cuando una clara mayoría así lo decida. No existe paralelismo constitucional alguno entre aquello y lo que acontece en Cataluña, pero se debería reflexionar sobre el hecho de que un país, donde se reconoce la posibilidad constitucional de separación de una provincia, se exija esa amplia mayoría, y aquí, donde la indivisibilidad de España esta constitucionalizada, con menos de la mitad de los votantes catalanes estemos en el embrollo en el que nos han metido. Estamos ante una auténtica paradoja. Decía Cicerón que de la arrogancia nace el odio, y de la insolencia la arrogancia.

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