¿Igualar al alza o a la baja?

Que los empleados públicos de diferentes regiones perciban distintas remuneraciones no es nada excepcional: el coste de la vida o la productividad de un trabajador pueden variar dependiendo de dónde resida. Cualquier multinacional, de hecho, practica esa política: no cobran lo mismo sus empleados en países con una renta per cápita más elevada que aquellos en sociedades con una renta per cápita más baja. Sucede que, cuando hablamos no de sueldos privados sino de sueldos públicos, las precauciones deben extremarse. A la postre, los políticos no pagan tales salarios con su dinero, sino con el de sus contribuyentes, y la mayoría de las veces lo hacen con propósitos poco nobles como desplegar redes clientelares que les aseguren un buen caladero de votos.

Con las comunidades autónomas, hay fuertes sospechas de que esto último es lo que podría estar sucediendo: el sindicato CSIF ha denunciado que los trabajadores de la administración central del Estado residentes en una determinada región cobran, por el mismo puesto, hasta 21.000 euros menos al año que los empleados de la administración autonómica. En consecuencia, desde CSIF reclaman una partida extraordinaria de 500 millones de euros para los Presupuestos destinada a igualar las remuneraciones de todos estos colectivos públicos. Sin embargo, deberíamos ser muy cautos a la hora de aplaudir tales reclamaciones: a la postre, ¿por qué deben ser los sueldos de la administración central los que se igualen al alza con los de las administraciones autonómicas y no al revés? Si existen sospechas fundadas de que las autonomías pagan demasiado a sus empleados públicos, ¿no tendría más sentido promover que sean ellas quienes reduzcan sus remuneraciones infladas hasta los más razonables niveles de la administración central? ¿Por qué debe el contribuyente asumir el sobrecoste de una hinchazón generalizada de las tablas salariales de los empleados públicos? Es verdad que, en un Estado descentralizado, cada administración es autónoma a la hora de establecer sus propios salarios públicos, pero la falta de un control centralizado no debería empujarnos a entrar en una carrera de aumentos salariales a costa de los ciudadanos.