Justicia para el abertzale

A veces me entra la duda de si realmente vivimos en un país serio, y en este caso no lo digo por una situación política de la que ya se han escrito columnas para aburrir, sino por lo surrealista que resulta que PP y Ciudadanos tengan que impugnar, aunque sólo sea por dignidad política, algo que no debería discutirse puesto que deriva del resultado de una sentencia del Tribunal Supremo. Si a alguien se le inhabilita para empleo o cargo público y se le priva del derecho a sufragio pasivo, no hay discusión posible. En eso se basa la Justicia, en valorar la conducta que pueda ser sospechosa de un delito, aplicar la ley y ocuparse de que se cumpla. Si después la Junta Electoral considera, como así ha sido, que no se puede presentar a unas elecciones quien no tiene permitido ejercer el cargo para el que se le vota, perfecto. No hay más que hablar. Lo que no parece de recibo es que esto merezca ninguna otra reflexión y que haya dos partidos –por cierto, ¿dónde está el tercero?– que tengan que pedir formalmente que no se permita la candidatura de Otegi. Este individuo, aunque él no termine de creérselo, está sujeto a las leyes y a los tribunales que los aplican como cualquier hijo de vecino, que es algo que, por cierto debería agradecer en vista de su curriculum. Ya pueden decir sus acólitos y palmeros lo que quieran. La normas son las que son y si alguien se las salta se le penaliza según lo estipulado, ya se llame Arnaldo o Pepito.

Ya está bien de aguantar a toda esta tropa que sólo considera que el mundo va con ellos cuando se hace lo que ellos dicen. Otegi no puede ejercer ningún cargo público y si se quiere presentar para dar la nota, que haga lo que quiera y que asuma las consecuencias. Justicia en estado puro.