Columnistas

La antimarca España

Cuando acaba de cumplirse el 25º aniversario de la Ley de Propiedad Intelectual en nuestro país, nos enfrentamos de nuevo, paradójicamente, a la amenaza de figurar en la Lista 301 de países que no respetan la propiedad intelectual, una lista elaborada anualmente por el Departamento de Comercio de Estados Unidos y que resulta determinante para orientar a los inversores sobre la fiabilidad de un país y que también está conectada con los intereses comerciales y económicos de España en el extranjero.

Podríamos preguntarnos qué hace un país del occidente europeo con una larga y rica tradición cultural como la nuestra en ciernes de reaparecer en la lista negra de los peores infractores de la propiedad intelectual. Los datos muestran una realidad extraordinariamente preocupante: cientos de millones de contenidos culturales descargados ilegalmente y miles de millones de euros de pérdidas para la industria de contenidos culturales. Esto, sabemos, también es marca España.

Las cifras, abrumadoras, de descargas ilegales suponen un gran lastre para la imagen de nuestro país en el exterior. El acceso a la cultura sin respeto a los derechos de propiedad intelectual atenta gravemente contra el modelo cultural, hipotecando su desarrollo, su riqueza y su diversidad y ante todo su capacidad de convertirse en motor de crecimiento y empleo. La creación de los contenidos constituye el alma de una sociedad del conocimiento productiva, y, por tanto, el desarrollo de la sociedad de la información no puede producirse sin una protección real y efectiva de los derechos de propiedad intelectual.

Tristemente todo esto ocurre tan sólo un año después de que se aprobara la entrada en vigor de la «Ley Sinde-Wert». Recordemos que fue una de las primeras medidas de un Ejecutivo comprometido en la lucha contra el fraude de los derechos de propiedad intelectual y que ponía en funcionamiento la Comisión de Propiedad Intelectual como instrumento para atender este compromiso; Comisión que dicho sea de paso, desafortunadamente, no ha funcionado como se esperaba.

A esto debemos sumar las últimas decisiones tomadas por el Gobierno en materia cultural, como la subida del IVA, que coloca a un sector que aportaba el 4% al PIB nacional y daba empleo a más de 700.000 personas en un estado cuasi agónico del que le costará mucho trabajo salir si no se toman medidas urgentes y efectivas. Un sector, no lo olvidemos, que sitúa a nuestro país en el centro de todas las miradas y que hace que la marca España sea conocida y admirada en todo el mundo.

Las industrias culturales no podemos ni debemos permitir el fraude a nuestros legítimos derechos en aras de un demagógico concepto de «gratuidad de la cultura» que no se aplica en ningún otro sector de la economía y que empobrece a nuestro país en términos de talento, innovación y tejido industrial y que para más inri proyecta una imagen de nosotros en el exterior de la que no podemos estar nada orgullosos. Por eso, nuestra insistencia en la necesidad de contar con garantías que permitan desarrollar modelos de negocio eficientes y que hagan compatible el respeto a la propiedad intelectual de los contenidos con el acceso global a éstos, en un marco de interés común y de legítima rentabilidad para los que han arriesgado sus recursos invirtiendo en cultura y entretenimiento.

Los derechos de propiedad intelectual son nada menos que el mecanismo que permite la correcta explotación de las obras en beneficio de una futura creación cultural, en pleno proceso de reindustrialización digital de todos los modelos de negocio. En este modelo de sociedad de la información en el que ahora y cada vez más en el futuro todos desarrollamos nuestra actividad, a todos nos corresponde velar por su calidad y sostenibilidad como modelo: sin duda, a las industrias proveedoras de contenidos para la red (músicos, cineastas, creadores de videojuegos, periodistas, escritores y tantos otros), pero también a las autoridades gubernamentales, pues una parte importante de nuestra identidad, nuestro acervo cultural, nuestras oportunidades de recuperación económica, nuestro talento, se encuentran en peligro.

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