La parcial memoria de Pablo

Pablo Iglesias Turrión tiene 38 años. Cuando ETA anunció el abandono definitivo de las armas el joven líder de Podemos tenía 31, una edad más que suficiente para recordar, desde que tuviera uso de razón, todas las atrocidades que la banda terrorista había perpetrado con anterioridad. Sin embargo jamás se le pudo ni leer ni escuchar, no solo un reconocimiento de las víctimas del terrorismo, una señal de aliento o un signo de apoyo hacia este colectivo, sino una condena clara y contundente de la violencia ejercida por la organización separatista durante décadas. Iglesias no es probablemente entre el elenco actual de políticos españoles el más indicado, el más legítimamente investido para sentar cátedra moral a propósito de los delitos relacionados con el terrorismo. Tal vez tampoco con los que tienen que ver con la libertad de expresión. Sin embargo, entreverada en una proposición no de ley sobre la defensa del derecho fundamental a expresarse, Podemos arrancaba hace unas horas la semana solicitando en el registro del Congreso la supresión del artículo del código penal que recoge el castigo por enaltecimiento del terrorismo. El líder podemita no dudaba a continuación en afirmar que la actual legislación contra ese delito responde más al siglo pasado que al actual en un malabarismo que venía a justificar en el contexto del «humor negro» afirmaciones efectuadas por personas que no pertenecen a bandas terroristas. Hasta ahí la posición es perfectamente legítima, pero lo que Iglesias debería recordar puesto a las comparativas entre los siglos XX y XXI es que democracias tan poco sospechosas como la alemana tienen una ley que castiga el enaltecimiento del nazismo, precisamente para distanciarse del siglo pasado o que en otros países europeos también para marcar distancias con el siglo anterior existen leyes que persiguen las expresiones homófobas, racistas o xenófobas y hasta lesivas contra símbolos constitucionales, por mucho que pretendieran camuflarse bajo el manto de la tan traída y llevada máxima de una libertad de expresión para la que Iglesias no parece tener las mismas varas de medir. Sin ir más lejos el máximo responsable de Podemos no dudó en su momento en denunciar al periodista Alfonso Rojo por consideraciones en su «libertad de expresión» poco amables con el interfecto; tampoco en su momento se dudó en denunciar a la presidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre por ejercer esa misma libertad acusando a la formación morada de estar con el chavismo, con el castrismo y con los etarras, por no hablar de otras querellas contra periodistas por publicar –y esto ya es libertad de prensa– informaciones a propósito de la financiación ilegal de Podemos desde el gobierno de Venezuela.

Iglesias afronta las cuestiones que bordean la violencia verbal o a veces física a su particular manera, tal vez por eso se permitió el lujo hace unos días entrevistado por Alsina en Onda Cero, de criticar el auto sobre el caso Alsasua reconociendo que ni siquiera lo había leído, «hablar sin saber de qué no tiene importancia» le puntualizó al entrevistador. Pues eso lo dice todo.