Caso Pujol

La Sagrada Familia

La Razón
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Arquitectos inasequibles al desaliento estiman para el 2026 el término del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Tras cerca de 150 años de obras, quizá pequen de optimistas y la basílica no se termine nunca. Como una oración en la eternidad, ya que Gaudí, hombre tan santo como desprolijo, no dejó planos completos y sus esforzados sucesores han de darse a dibujos aproximativos sobre el agua. Los embrollos legales de otra sagrada familia, profana, están en trance de durar más que la edificación del emblema sacro de la Ciudad Condal. Felipe González, tras su avance mayoritario de 1982, me dijo: «Ahora resulta que tengo que meter en la cárcel a Jordi Pujol». Aquella ola de triunfo socialista coincidía con la implosión de Banca Catalana, cuya gestión fue calificada jurídicamente de «desastrosa». Felipe en el Gobierno aprendió con presteza, logró encontrar la salida al laberinto de la OTAN, descubrió las cloacas y, aun no necesitando los escaños de CiU, entendió que Pujol era razón de estado, posteriormente imprescindible para él mismo y para Aznar. No se podía hacer más que el paripé ante Pujol aunque esgrimiera una pistola humeante. Envuelto en la «senyera», cualquier admonición personal la endosaba a Cataluña y su proyecto era peligrosamente doble: representar la gobernabilidad de España poniéndole precio y traspasar enmascaradamente el catalanismo al secesionismo. El resultado fue el cataclismo de su partido hegemónico, el liquidador Mas, la cresta corrupta de España y el ascenso inexplicable de los peores enemigos de la burguesía catalana. Peor, imposible. El árbol genealógico de los Pujol-Ferrusola es pródigo en presunciones. El fiscal Villarejo (tío de la muñidora de ZP, biministra y prima de Ruiz-Gallardón) tiene todas las extrañas claves de este supuesto gatuperio, y puede que su desesperación le llevara brevemente a Podemos; pero el caso es que, después de 4 años de investigaciones de abracadabra sobre la familia sagrada, sólo ha recaído sobre los de sus honorables miembros la terrible prohibición de abandonar el país, desconociendo la Justicia que la globalización y las nuevas tecnologías permiten delinquir sentado en casa. La prisión preventiva siempre será indeseable y el Tribuna Superior de Justicia catalán y la Audiencia Nacional habrán medido sus pasos, pero la otra sacra familia genera suspicacia social y chirría el gozne entre políticos y jueces.