La yihad y España

La yihad terrorista constituye sin duda el mayor riesgo actual de seguridad para las naciones occidentales, entre ellas, España. Nuestro país ha sido reiteradamente señalado entre los objetivos de las organizaciones islamistas, evocándose para su justificación la dominación musulmana de Al Andalus. En su día fue Al Qaeda quien levantó esa bandera; y ahora la porta con mayor énfasis el Estado Islámico (EI), en cuyo califato trataría de integrar el territorio español. Las amenazas son, así, crecientes y creíbles, pues no en vano han sido desbaratados ya múltiples proyectos de atentado, algunos de los cuales pudieron ser tan devastadores como los del 11-M.

Es el del terrorismo yihadista un problema simultáneamente interno y externo, pues buena parte de su impulso se gesta en las lejanas tierras de Oriente Medio, pero se ejecuta por células en las que la participación de españoles es muy notable. Un reciente trabajo de Fernando Reinares y Carola García-Calvo lo ha dejado claro al mostrar que, de la totalidad de los miembros del EI detenidos en España, algo más del 45 por ciento tienen la nacionalidad española, siendo el 94 por ciento residentes en el país. Por tanto, no puede pensarse que se trata de un problema que sólo viene de fuera. Está también dentro y arraiga con fuerza creciente entre los hombres y mujeres de las comunidades musulmanas de Ceuta, Melilla, las provincias costeras andaluzas, el arco mediterráneo y el centro peninsular.

El Estado español, tras los atentados de 2004, con independencia del color partidario de las administraciones, ha armado una política bastante compleja en torno a este fenómeno terrorista que incluye actuaciones en el terreno represivo policial y judicial, las misiones militares en el exterior, la inteligencia, la creación de instituciones jurídicas y las relaciones internacionales. Ello implica el empleo de importantes medios materiales y humanos, con su coste correspondiente. Este último nunca ha sido difundido por el Gobierno y, seguramente, tampoco ha sido calculado, dado el secretismo al que, en esta materia, acostumbra la Administración española, de manera contraria a la de otras naciones donde hay alguna transparencia al respecto. Por eso tiene mucho valor el ejercicio de cuantificación que han desplegado, en una reciente investigación, dos profesoras universitarias, Aurelia Valiño y Claudia Pérez-Forniés, para llenar esta laguna. No lo han hecho de una manera completa, pues las fuentes de información no permiten llegar tan lejos como sería deseable. Pero al menos nos permiten saber que, en 2015, el gasto público destinado a combatir la yihad y sus efectos, sobre todo al impulsar desplazamientos de población, rozó como mínimo los 819 millones de euros. De esta cantidad, una cuarta parte corresponden a la política de seguridad, con la actuación de los cuerpos policiales, el coste de las prisiones y el asilo de refugiados. Y los tres cuartos restantes se atribuyen a las misiones exteriores de las Fuerzas Armadas orientadas directa o indirectamente a la lucha antiterrorista. Esta es la dimensión económica de nuestra lucha contra la yihad terrorista.