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La Razón
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Decía José Vasconcelos que «un libro, como un viaje, se empieza con inquietud y se termina con melancolía». En el caso de las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol es la intranquilidad lo que domina el panorama mucho antes de colocar las urnas del 22 de mayo. El origen del nerviosismo no es la carrera electoral y sus consecuencias sino la lupa de la Justicia, que observa con minuciosidad el destino de una subvención pública de 1.200.000 euros que ni Ángel María Villar ni Jorge Pérez, los dos aspirantes –Miguel Ángel Galán ha renunciado–, consiguen aclarar. La cuenta pendiente data de 2011, cuando los hoy rivales formaban equipo, uno como presidente que sigue siendo de la Federación y otro como secretario general ya despedido. Los justificantes presentados no convencen y las facturas huelen a rancio, a gato encerrado. Ya han declarado ambos ante el juez, que los va a seguir citando mientras investiga. Sospecha que el millón y pico de euros no se dedicó a las, llamémoslas, obras de caridad consignadas sino a otros menesteres muy alejados del destino original.

No va a ocurrir, porque las cosas del juzgado, como las de palacio, van despacio, pero si ese juicio que puede celebrarse dentro de cuatro o cinco años fuera exprés, podría suceder que Villar y Pérez no llegaran al 22 de mayo... En el mientras tanto, uno y otro recaban datos para garantizar su inocencia; pero Villar ha comprobado, mediante experto calígrafo, que por lo menos en nueve ocasiones su firma fue falsificada. Del batacazo en el Mundial de Brasil a esta parte, la caza de brujas en la RFEF no ha terminado.