Nuevo pacto europeo por la inmigración

Los jefes de Gobierno de la UE han vuelto a acordar por tercera vez una «solución» a la llamada crisis de los refugiados que padece Europa desde hace algo más de un año, cuando empezó el éxodo masivo de ciudadanos sirios como consecuencia de la terrible guerra civil que se vive en ese país desde hace ya varios años entre partidarios y opositores al régimen del presidente Bashar al Assad. Hace unos meses, en una cumbre semejante, se acordó acoger a un número de desplazados que sería distribuido entre los distintos países de la Unión, impulsado especialmente por la canciller alemana Merkel, que quiso ver en esta generosa respuesta humanitaria una oportunidad para destacar su liderazgo humanitario y social y el de Alemania, en dicha crisis.

El aparente éxito de su gestión duró muy poco. Primero, por la resistencia de algunos socios de la UE que no estaban dispuestos a aceptar esta llegada masiva de refugiados porque desbordaba la capacidad de acogida de sus países, y detrás de la cual adivinaban las policías de los países por los que transitaban, la presencia de personas vinculadas con grupos que nada tenían que ver con los desplazados, y que aprovechaban estas avalanchas para infiltrarse entre ellos, como se ha demostrado en algunos casos. En segundo lugar, por el rechazo interno que se produjo dentro de Alemania, en especial por parte de los propios socios de la señora Merkel ante el desbordamiento que sufrían varios «länders» por la llegada a su territorio de más de un millón de personas en muy poco tiempo. Ello unido a situaciones como las que se produjeron en algunas ciudades la noche de fin de año, que se saldaron con agresiones y violaciones a centenares de mujeres por parte de grupos de hombres pertenecientes a estos colectivos que habían llegado al país, lo que provocó que la policía tuviera que reconocer lo que previamente había ocultado inexplicablemente, y que la propia canciller tuviera que recular en su generosidad inicial. Y en tercer lugar, porque el compromiso asumido por los distintos países de la UE de repartir entre todos a los desplazados, comprometiéndose a acoger a un número determinado cada uno de ellos, no se ha cumplido.

En estos meses el conflicto no se ha detenido, y la presión sigue siendo grande. En primer lugar, por parte de Turquía, que se ha visto invadida por miles de desplazados a los que tiene dificultades para acoger. Y, en segundo, para Grecia, frontera natural de la UE con Turquía a través del mar, desde donde aquel país da salida masivamente a estas personas hacia Europa, con el problema adicional que supone la negativa del resto de países europeos a aceptar a esos desplazados.

La solución que han adoptado los jefes de Gobierno de la UE es un nuevo intento de quitarse el problema de encima, sin abordar el fondo del asunto y las verdaderas razones por las que los países europeos y sus ciudadanos rechazan esta acogida masiva de refugiados y de inmigrantes. Y además implica ponerse en manos de un país que no es miembro de la UE, que tiene implicaciones en los conflictos bélicos de la zona que provocan estos desplazamientos, que tiene una deriva creciente por parte de su gobierno y su población al islamismo, cuyas corrientes más radicales están detrás de los conflictos que provocan estos desplazamientos, y que puede –y va a utilizar– este acuerdo como un instrumento de presión para forzar sus renovadas pretensiones de incorporarse a la UE como miembro de pleno derecho, y que ha conseguido ya de un plumazo adelantar al presente año la no exigencia de visado para la entrada en Europa de sus nacionales. Presión que hará más efectiva e intensa, al darles la capacidad de regular el volumen de inmigrantes y desplazados a Europa, al obligarse ésta a acoger a tantos como ellos acojan en su territorio.

Esta solución parece una mala copia de la que en su día planteó el primer ministro británico Tony Blair cuando la presión migratoria arreciaba en el sur de Europa, al proponer la creación de Centros de Acogida en los países en tránsito, financiados por la UE, para que acogieran a estas personas allí hasta que se resolviera acerca de la posibilidad de acogerlos y donde, o en su caso, denegarles la entrada y retornarles a sus países de origen.

La solución debe buscarse en las países de origen creando en ellos las condiciones que permitan a estas personas poder vivir y desarrollarse dignamente. Deben también establecerse controles eficaces en las fronteras exteriores de la UE para que no haya la tentación que siempre ha existido de dejar pasar lo que se sabe que no se va a quedar en el territorio propio y quitarse así falsamente el problema de encima. Deben limitarse los flujos migratorios y de desplazados a la capacidad de acogida del país para no generar problemas internos ni con los nacionales. Y debe exigirse que estas personas se adapten a las normas de convivencia y al respeto a las tradiciones que nos son propias, ya sean culturales, sociales, políticas, y expulsar de manera inmediata a quienes no lo hagan. De la misma manera, debe imponerse el principio de reciprocidad con los países de origen respecto a estas mismas exigencias para con nuestros nacionales allí, y no transigir si ese equilibrio no se produce. Y debe mantenerse un control exhaustivo para las personas que proceden de estos países a fin de evitar la infiltración que se produce, desgraciadamente, al amparo de este desplazamiento masivo de esos movimientos, de grupos que no sólo no se integran, sino que quieren acabar con nuestra sociedad y nuestro modo de convivencia.

En lo que no reconozcamos claramente que a los europeos no les ha crecido repentinamente un sentimiento xenófobo ni una falta de humanidad, sino la preocupación por el desbordamiento masivo y descontrolado de inmigrantes y desplazados que no cesa; por la no integración y la rebelión contra nuestras sociedades de esos colectivos radicales que no se integran, y porque detrás de estos colectivos se encuentran grupos que quieren imponer su cultura, su religión y sus costumbres acabando con las nuestras y con nuestras libertades. Y que, por ello, lo que demandan es una respuesta muy firme de la UE, que garantice que eso no va a seguir siendo así. La implicación en mayor medida de los países del entorno a las zonas de conflicto para acoger a estos desplazados, dada su proximidad y la identidad de sus tradiciones sociales, culturales y religiosas y la capacidad económica con que cuentan algunos de ellos, debe formar parte también de la exigencia europea para ayudar a la solución del conflicto, y permitiría reducir la preocupación y el rechazo por parte de nuestros ciudadanos.

Hace menos de un mes, la UE aceptó los planteamientos que hizo el primer ministro británico David Cameron en este mismo sentido para proteger los intereses de Reino Unido y de sus habitantes frente a los problemas que este desplazamiento masivo, y lo que acarrea, está provocando en nuestros países. Muchos le criticaron, pero lo que se adivina detrás de la posición de los jefes de Gobierno de la UE en este nuevo acuerdo es la misma preocupación que planteó el señor Cameron y que le llevó a imponer sus condiciones. La diferencia es que él lo ha hecho de frente, con contundencia y sin dejar a un tercero que condicione su decisión final en este asunto. El resto de Europa sigue con sus complejos, eludiendo abordar la cuestión de frente y dejando de nuevo muchos flecos que harán que este acuerdo no sea nuevamente el último.