Sentencia vergonzosa

De «vergonzosa y antidemocrática» ha calificado Mireia Boya, diputada de la CUP, la sentencia que ha condenado a una leve pena de inhabilitación a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por el asunto del 9-N. Por una vez estoy de acuerdo con esta representante radical, aunque seguramente por razones opuestas a las que a ella le impulsan a tal juicio. Por cierto que Boya ha atribuido la actuación del TSJ de Cataluña a un «estado de excepción (que) ya ha empezado»; y en este punto no puedo disentir más de ella, pues no estamos ante una suspensión del derecho motivada por el estado de necesidad que ha provocado la desobediencia de los secesionistas catalanes al ordenamiento jurídico –de acuerdo con el viejo adagio romano «necessitas legem non habet»– sino más bien ante una tergiversación de la ley políticamente intencionada.

Vayamos a los hechos. Éstos se remontan al 9 de noviembre de 2014, día en el cual, mientras se celebraba un referéndum sobre la independencia de Cataluña, el fiscal Sánchez-Ulled, que estaba de guardia, no pudo, no supo o no quiso identificar a quienes perpetraban tal delito a pesar de que esa misma fecha, al mediodía, Mas declaraba que «si la Fiscalía quiere saber quién es el responsable de abrir los colegios, que me mire a mí». El mismo fiscal, muchos meses después, consideró que, en su alegato acusatorio, no debía figurar el delito de malversación de caudales públicos, yendo contra toda lógica, pues en el referendo se habían empleado fondos presupuestarios, instalaciones, equipamientos y servicios de esa naturaleza. Y el tribunal, desoyendo a la acusación popular, adoptó ese criterio, añadiendo de su cosecha la idea, también incoherente, de que, para desobedecer al Tribunal Constitucional, los encausados del gobierno catalán no necesitaron prevaricar. Se rebajaba así, en la sentencia, la gravedad de los acontecimientos y se podía condenar a los inculpados a unas penas menores como si su delito hubiera sido un mero pecadillo venial.

A nadie se le oculta que este proceder del TSJ de Cataluña se inscribe en la misma línea de actuación que ha sostenido el gobierno de Rajoy desde que comenzó la escalada secesionista. No digo que, con ello, el tribunal se haya sometido al gobierno, sino que su sentencia tiene una lectura política favorable a la tesis de éste, tal como revelan las declaraciones del PP y Ciudadanos al respecto. Y es evidente que tal tesis se ha mostrado fallida para rebajar el impulso independentista y preservar el marco democrático del 78, tal como, por cierto, ha declarado el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos. Por eso creo que la sentencia es vergonzosa –porque se pliega a la línea de suavidad con los nacionalistas– y antidemocrática –porque se aparta del derecho y deja a las instituciones políticas al albur de la iniciativa sediciosa–. Con estos mimbres, defender la unidad de España se vuelve imposible y nos aboca a los procedimientos de excepción en los que la ley enmudece.