Alemania, contra el «plan Draghi»

Causa y efecto. La decisión del Tribunal Constitucional alemán de remitir al Tribunal de Justicia de la UE sus «dudas» sobre la legalidad del programa de compra de deuda del Banco Central Europeo, en busca de una directriz común con la que juzgar las diversas querellas que ha recibido, puede llevar al euro y a la Unión Europea a un nuevo estado político y económico. A una mayor integración –algo que demandan muchos de sus socios–, para salvar desafíos como el Brexit o los problemas económicos surgidos tras las dudas sobre la fortaleza del euro. Todo ha surgido a raíz de que el TC alemán anunciase ayer el envío de tres «cuestiones prejudiciales» al TJUE para una revisión urgente porque considera legalmente cuestionable las palabras del presidente del BCE, Mario Draghi, de 2012, en lo peor de la crisis de la deuda: «Haré todo lo necesario para preservar el euro». Unas palabras que dieron seguridad y ánimo a buena parte de los miembros de la Unión –España entre ellos–, pero también a la propia Alemania, que veía cómo, por un lado, su deuda se convertía en un valor refugio pero por otro lado, sus «compradores», en el sur de Europa, cancelaban los pedidos ante la falta de liquidez. Y es que, como tantas veces sucede en la política o en la economía, lo que nos puede beneficiar también puede tener otra cara y nos puede arruinar. En aquel momento, el denominado «Plan Draghi», por el que el BCE adquiere en el mercado secundario unos 60.000 millones de euros al mes en bonos soberanos y privados, fue el principal cortafuegos que acabó con el riesgo de contagio en la crisis de la eurozona y la medida que consiguió contener las primas de riesgo en la periferia europea. Por ahora no hay por qué alarmarse. La autoridad monetaria aseguró en respuesta a esta decisión del TC alemán que cree que el programa está dentro de su mandato –aunque por supuesto esperará a la sentencia del TJUE– y que, mientras tanto, lo va a mantener «completamente operativo». El argumento jurídico del Constitucional germano es que «hay motivos de peso que apuntan que los fundamentos del programa de compra de bonos violan la prohibición de la financiación monetaria vía presupuestos, y que también exceden el mandato del BCE en materia de política monetaria y, de esta forma, invaden las competencias de los estados miembros». Berlín insiste en que la tarea de la entidad es el control de la inflación, para lo que tiene como herramienta principal la gestión de los tipos de interés, mientras que este plan, a juicio del TC, se enmarca, por sus «efectos», dentro de la política económica, área de competencia exclusiva de los estados. Quizá todo este debate sirva también para conducir a la Unión Europea a una mayor integración económica y financiera. Algo que en el momento de construir el euro no se llevó a cabo –con todas las consecuencias–, por no quitar a los gobierno nacionales sus prerrogativas y control sobre las políticas económicas en sus países. Quizá sea llegado el momento en que las políticas monetarias en el Banco Central Europeo dejen paso a las económicas. A la espera de su sentencia, no está de más recordar que los Tribunales de la UE ya han tenido que resolver a varias cuestiones prejudiciales planteadas por el TC alemán, con respecto a los fondos de rescate que puso en marcha la UE a raíz de la crisis de la deuda, pues un sector político alemán se ha mostrado siempre decididamente en contra de las soluciones comunes a los problemas financieros en el sur de la eurozona. Curiosamente, parecen olvidar que uno de los mayor beneficiarios de esta práctica fue la propia Alemania, que vio cómo hasta su deuda a diez años llegaba a colocarse a tipos de interés negativos. Ahora, con la crisis económica superada, el escenario que se anuncia sin duda será otro. El cambio de ciclo se barrunta.