Convergència y el «caso Palau»

En 2009 se desveló que el Palau de la Música Catalana, una institución central en el catalanismo desde su fundación hacía más de un siglo, había sido sometido a un saqueo sistemático de sus fondos, procedentes en su mayoría de la aportación pública, aunque también de empresas privadas. Los supuestos autores del desfalco había que buscarlos dentro de la propia institución: a la cabeza estaba el presidente de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, Fèlix Millet i Tusell. Cuando se habla de «saqueo» no se trata de una licencia retórica para mostrar la magnitud del delito, sino de un hecho real. La Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 22 millones de euros –otras investigaciones la sitúan en 35 millones– la cantidad de dinero que desapareció de las cuentas de la institución entre 2002 y 2009. El fiscal sostiene que Millet se apropió de 7.021.245 euros y su hombre de confianza y director administrativo del Palau, Jordi Montull, 1.318.443 euros. Lo que la investigación se preguntó, y que supuso el inicio de la derivada política del caso, es dónde estaban los 9.677.313 euros restantes. En el rastreo del dinero, la Fiscalía Anticorrupción y el juez encontraron indicios de que estaba implicada la financiación irregular de CDC, el partido fundado por Jordi Pujol y sobre el que se ha vertebrado el nacionalismo catalán en los últimos cuarenta años. Todo parecía quedar en familia. Según la instrucción, Millet se enriqueció a través de un entramado de empresas cuyas aportaciones al Palau eran derivadas en una parte a CDC. A petición del fiscal anticorrupción –el mismo, por cierto, que ha llevado el caso del 9-N–, en mayo de 2015 el juez ordenó el embargo de 11 sedes como responsabilidad civil en el «caso Palau». El juez y el fiscal acusaron al partido que entonces lideraba Artur Mas de cobrar 6,6 millones de euros en comisiones ilegales pagadas para adjudicación de obra pública. El embargo de las sedes marcó un punto y aparte en los casos de investigación por corrupción y apuntaba en la implicación a la cúpula de la organización, ya que imputaba al tesorero de CDC, Daniel Osácar, un personaje clave en el entramado político-financiero convergente. De esta manera, el juicio del «caso Palau» es la primera vez en la que se sienta en el banquillo a un responsable de CDC para dar cuenta de llamado 3%, cifra que ahora resulta simbólica. Osácar también está siendo investigado por el caso abierto por un juzgado de El Vendrell por el mismo motivo: el cobro de comisiones. Los ocho años transcurridos desde que se abrió el sumario, además de los seis jueces instructores, resultan excesivos por más compleja que sea la causa –con 19 acusados y 115 testigos citados–, pero no cabe duda de que los dos principales implicados, Millet y Montull, tienen 82 y 76 años, respectivamente, y a nadie se le escapa que basarán su defensa en el «no recuerdo» o en el «sálvese quien pueda». De entrada, Montull está dispuesto a implicar a CDC para salvar a su hija, que fue ex directora financiera del Palau. Mas, Homs, Puigdemont y el resto del independentismo comprensivo con las acusaciones de corrupción, siempre que sean patrióticas, pueden acogerse a la estrategia conspirativa del Estado contra el «proceso», pero no irá a ninguna parte. Al final, los encausados tendrán que dar cuenta de cómo fue posible que en una institución como el Palau de la Música desaparecieran más de 22 millones de euros. Y ahí no valdrán las soflamas nacionalistas. No tiene sentido especular cómo afectará al plan separatista el escándalo en una institución modelo para el nacionalismo, pero sí suponemos que, por la experiencia pasada, habrá mucha comprensión. No olvidemos que el saqueo del Palau se hizo delante de la administración catalana y de los prohombres de la mejor sociedad barcelonesa que consideró a Fèlix Millet un intocable.