Cumplir con Europa, pero no sólo a base de presión fiscal

El Consejo de Ministros ha fijado el techo de gasto para 2017 con el objetivo de reducir el déficit público hasta el 3,1 por ciento del PIB. En números redondos, se trata de una contracción presupuestaria de unos 16.000 millones de euros, que deben ajustarse, bien por el incremento de los ingresos del Estado bien por la reducción del gasto. No es, por supuesto, una elección libre, sino que viene determinada por los acuerdos firmados en Europa, como instrumento al servicio de la estabilidad del euro. Pese a la mayor flexibilización de la política económica de la Unión Europea, que no sólo ha beneficiado a España con mejores condiciones y plazos, lo cierto es que los compromisos adquiridos con Bruselas ya no admiten mayores márgenes dilatorios y hay que cumplirlos. Es este escenario el que condiciona principalmente la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y de ello deberían ser conscientes todas las fuerzas políticas y sociales del país, especialmente los partidos que, por su nivel de representación, tienen mayor responsabilidad a la hora de mantener unas cuentas ordenadas que permitan mantener el ritmo de crecimiento y la imprescindible reducción de la deuda. En este sentido, los primeros acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el PSOE, adolecen de unidad de propósito, puesto que al estar el PP en minoría los negociadores socialistas han impuesto la vía de la presión fiscal, en lugar de operar sobre la reducción del gasto. Aun así, siguiendo el mismo razonamiento de la inevitabilidad de la contracción presupuestaria, –ya que cualquier otra vía populista «a la griega» se ha demostrado inútil–, hay que aceptar ese incremento de los impuestos, siempre que no actúen a la larga como rémora del crecimiento económico. Porque pese a los buenos datos generales, con previsiones de crecimientos del PIB superiores al 3 por ciento; al mejor comportamiento del mercado de trabajo, –se espera dejar el paro en una tasa inferior al 13 por ciento para el final de la legislatura–, y a la recuperación del consumo interno, la economía española mantiene incertidumbres en torno a su futuro y aún se encuentra por debajo de su potencial productivo. Pero, admitida esta realidad, aceptado el hecho de que los actuales ingresos fiscales no cubren los gastos comprometidos, es preciso insistir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y, también, a todos los miembros del Parlamento, en que existen otros instrumentos distintos a la subida de los impuestos que pueden utilizarse para cuadrar los presupuestos. Nos referimos, claro está, a la reducción del gasto público, que para no afectar a las principales partidas sociales –Sanidad, Educación y Pensiones– debe venir por la reforma y modernización de las administraciones, la eliminación de las duplicidades en la prestación de servicios y, finalmente, por la moderación de plantillas y salarios, tanto en el aparato del Estado como en las comunidades autónomas. El único recurso a la fiscalidad, tanto a través de una problemática –por su escasos resultados recaudatorios– subida de los impuestos especiales como por crear mayores gravámenes a las empresas, siempre acaba por afectar negativamente al crecimiento de la economía, por la retracción del consumo interno y de las inversiones. En definitiva, si bien el conjunto de la sociedad española debe ser consciente del estrecho margen de maniobra presupuestaria, hay que buscar a la vez un equilibrio fiscal que no frene el ritmo de crecimiento.