El gran error de marginar al PP

Por primera vez en la historia democrática española, el Parlamento ha sido incapaz de investir a un presidente del Gobierno y, en consecuencia, salvo sorpresa de última hora, el próximo dos de mayo se procederá a la automática disolución de las Cámaras y a la convocatoria de elecciones. Los partidos políticos transfieren a los ciudadanos la responsabilidad de deshacer un bloqueo institucional que tiene, es preciso recordarlo, su causa última en el rechazo del principal partido de la izquierda española, el PSOE, a reconocer la victoria electoral del Partido Popular, en una inaudita maniobra de deslegitimación del adversario que no sólo suponía romper los acuerdos básicos de la Transición, sino que estaba condenada al fracaso. Sólo desde esta perspectiva cabe explicar la estrategia políticamente estéril con la que se ha conducido el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, a lo largo de los últimos cuatro meses, con el agravante, nada menor, de haber solicitado a Su Majestad que propusiera su investidura pese a que, era sabido, no podía contar con los votos suficientes, una vez que el Comité Federal de su partido le había vetado cualquier posibilidad de acuerdo con los populares, pero también con aquellas formaciones que pusieran en cuestión el modelo territorial recogido en la Constitución. En esas circunstancias, la pretensión de Pedro Sánchez tomaba tintes temerarios y así se le hizo llegar desde todos los sectores del arco parlamentario. Que ayer reconociera a Su Majestad que no podía afrontar una nueva sesión de investidura era, simplemente, la tardía constatación de los hechos. Pedro Sánchez, que ayer aprovechó la rueda de prensa posterior a la audiencia con Su Majestad para marcar las líneas de su próxima campaña electoral, trata de excusar su fracaso histórico –es el primer candidato a una investidura que no consigue su propósito– en una supuesta pinza de bloqueo entre el Partido Popular y Podemos, en la que, sin embargo, no es fácil encontrar intereses comunes. Muy al contrario, ha sido el Partido Socialista quien se ha colocado en una posición imposible y, de paso, ha impedido cualquier salida razonable al «impasse» institucional. Porque desde el primer momento, desde el mismo día 21 de diciembre, ya con los resultados de las urnas en la mano, era evidente que sólo cabían dos opciones de pacto con posibilidad de gobierno: el gran acuerdo de Estado que ofrecía el vencedor de las elecciones, Mariano Rajoy, y la coalición de izquierda radical que le propuso Podemos, para la que era imprescindible contar con el concurso de las formaciones independentistas. Ciertamente, Pablo Iglesias reclamaba el legítimo reparto del Poder Ejecutivo entre dos socios a los que sólo separaban 500.000 votos, oferta con toda la lógica política que el PSOE, sin embargo, nunca ha estado dispuesto a aceptar, pues sería tanto como reconocer el estrecho margen por el que se mantiene como primer partido de la izquierda. En este sentido, que Pablo Iglesias, apoyado en una consulta directa a sus militantes, no haya sucumbido al habitual señuelo socialista del «todos contra el PP» ha sido, sin duda, una imprevista contrariedad para el candidato socialista, que ayer demostró con sus ataques directos a Iglesias que le está costando digerirla. Todo ello, con independencia de que los presupuestos políticos e ideológicos que separan al Partido Socialista de la izquierda radical que representa Podemos son lo suficientemente divergentes como para salvarlos con el cliché del «cambio». Y esta última reflexión nos lleva directamente a la otra vertiente del error de Sánchez, la que tiene que ver con la decisión de rechazar, sin opción alguna, la oferta que le hizo llegar Mariano Rajoy –y que el presidente del Gobierno en funciones todavía mantiene en vigor– , propuesta que no sólo se incardina en la práctica de las grandes democracias europeas, sino que, a nuestro juicio, era la salida más razonable a la situación y la que hubiera permitido abordar desde la fortaleza de una gran mayoría parlamentaria de consenso constitucional las reformas institucionales que precisa nuestro país. De hecho, existen entre el Partido Popular y el PSOE suficientes puntos de confluencia en los asuntos de Estado y en la concepción del modelo económico y territorial de España como para haber hecho posible el gobierno de concentración. Por ello, que Pedro Sánchez atribuya a Mariano Rajoy la mayor responsabilidad en el fracaso de la legislatura y en la repetición de las elecciones roza el cinismo político. Porque lo que pretendía el secretario general socialista era, nada menos, que el vencedor de las elecciones, que le había sacado cerca de dos millones de votos de ventaja en las urnas, le abriera gentilmente el camino a La Moncloa por derecho propio y con un programa que prometía deshacer toda la labor legislativa llevada a cabo por ese mismo Gobierno. Al final, sólo apelando a la inveterada presunción de superioridad moral del socialismo español se puede entender la estrategia llevada a cabo por el PSOE y su secretario general. Porque desde la racionalidad política se hace imposible. Pretender gobernar con 90 escaños y con las manos atadas a derecha e izquierda, sin voluntad de pacto, sólo podía llevar hasta donde ahora estamos. Abocados a repetir suerte.