El juicio oral debe activar las responsabilidades

El repentino fallecimiento de Rita Barberá ha removido el latente debate sobre la asunción de responsabilidades políticas de los servidores públicos inmersos en procedimientos judiciales. En un país donde se preserve de forma absoluta la presunción de inocencia, se respete el secreto de las actuaciones y se acate la inviolabilidad de los derechos de los inmersos en alguna actuación de los tribunales, es decir, donde el Estado de Derecho prevaleciese ante todo y sobre todos, esta controversia tendría un recorrido menor, pues los excesos serían excepciones y la sensación de indefensión, limitada. En España, hemos tenido que trazar líneas de exigencia en la política por el zarandeo de la justicia paralela y las condenas sumarias populares que tanto y tan mal hablan de una democracia. El PP y Ciudadanos establecieron en su acuerdo de investidura la obligación de apartar de sus cargos a los imputados por corrupción, pese a que el código interno de los populares fijaba que sólo debían dimitir tras la apertura de juicio oral. El portavoz del PP, Rafael Hernando, planteó ayer la conveniencia de revisar esos términos. El Gobierno mostró después su compromiso con el pacto, pero defendió la necesidad de una reflexión sobre el asunto. Más allá de las meditaciones de los políticos, nuestra posición es que la apertura del juicio oral ofrece las garantías suficientes y, sobre todo, respeta la presunción de inocencia. Ahora bien, sin un consenso y un compromiso suficientes entre los partidos, estamos condenados a que las prácticas inquisitoriales aniden en nuestra democracia.