El referéndum ilegal de un Parlament despótico

Lo normal en una administración que se ha situado al margen del Derecho como la separatista es que encadene revés tras revés en los tribunales hasta dejar su depósito de legitimidad democrática a cero. Ayer, el último. El Tribunal Constitucional declaró por unanimidad la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley del Referéndum aprobada por el Parlament que sostuvo la convocatoria de la consulta ilegal del 1-O. El fallo es un duro y merecido alegato contra la cámara autonómica y por ende contra la maquinaria de poder totalitaria del independentismo. Y, sin embargo, a la contundencia argumental se le suma una extraordinaria nitidez en la exposición de motivos contra un proyecto subversivo. Los magistrados resuelven que la norma atropella principios medulares de la Carta Magna como la supremacía de la propia Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la nación española y concluyen, en resumen, que Cataluña no tiene el derecho a la autodeterminación. «Lo que a todos afecta, es decir la permanencia o no de ese estado común en que España quedó constituida, no podría, llegado el caso, sino ser reconsiderado y decidido también por todos». Ajustado y tajante es también el reproche de los magistrados contra la mayoría facciosa que ha convertido el Parlament en un instrumento de poder absoluto que somete a los ciudadanos de forma despótica, dejándoles, en definitiva, «a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno». El auto deja constancia de una monumental farsa jurídica, pero trasluce también la amenaza que la democracia española tendrá que afrontar.