jueves, 22 junio 2017
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    OPINIÓN

    Alfonso Ussía
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Editorial

El ser o no ser de la legislatura

El Gobierno no encontró los apoyos suficientes para convalidar en el pleno del Congreso el decreto que regula la liberalización de los estibabores, tal y como exige una sentencia de Bruselas. Ciudadanos facilitó la investidura de Mariano Rajoy y permitió el desbloqueo institucional en el que se sumió la vida institucional española, gesto que presentó como muestra de una nueva política al servicio de los ciudadanos y no de los partidos. Sin embargo, el pasado jueves se abstuvo cuando había que aprobar una ley necesaria, que, hasta la fecha, le ha costado a España 22,8 millones. La decisión de Albert Rivera viola el artículo 49 del Tratado de la Unión y demuestra que está dispuesto a jugar con la estabilidad política. Puede que sea un juego menor, una operación de imagen para perfilar su perfil o un tacticismo sin poco fondo, pero sabe que ese decreto debe ser aprobado. De no reconducir su posición en este asunto –no olvidemos que siempre defendió la reforma del sector de la estiba–, puede convertirse en un socio poco fiable, una seña de identidad que le marcará y le pasará factura. La aprobación de los Presupuestos de 2017 será el momento clave para medir el estado de salud de las relaciones entre PP y Ciudadanos. Es posible prorrogarlos, pero al país no le conviene estar sometido al chantaje de que las cuentas de 2018 tampoco salgan adelante. Diría muy poco de la talla política de Rivera y de su proyección en Europa. Lo sucedido en el Congreso no debe alarmar a nadie porque forma parte de los riesgos de gobernar en minoría. Ciudadanos está en su derecho de marcar diferencia con el PP, pero no forzar la legislatura hasta darla por perdida. Las intenciones de Rajoy expresadas estos días son claras: descartar un adelanto electoral y cerrar el supuesto de una legislatura corta cuando, a partir de mayo, se abra la posibilidad constitucional de convocar comicios. Hay un factor clave para entender la situación política: el papel que ocupa en estos momentos el Gobierno como parte del grupo dirigente de la UE. La situación por la que atraviesa el proyecto europeo tras el Brexit, el empuje de la extrema derecha en Francia y la irrupción de Trump no aconsejan que uno de sus socios más importantes se instale de nuevo en la inestabilidad. Es lógico que el Gobierno asegure el apoyo de Ciudadanos teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa el PSOE, sin un líder claro y, lo que es peor, con algún candidato flirteando con radicalizar el partido. Que fuese el PNV quien apoyase al Gobierno en sacar adelante el decreto de los estibadores es un buen mensaje: mejor la política de las cosas de comer, que no la identitaria, algo que el nacionalismo vasco ha sabido cultivar tradicionalmente. A nadie se le escapa que prefiere mantener una buena relación con el Gobierno y no despertar susceptibilidades en Bruselas en caso de que la Unión Europea plantee en serio la unidad fiscal y se revisase a fondo el cupo vasco y la hacienda foral. Esperemos que la irrupción de ETA y su comunicado anunciando la entrega de sus zulos, lo que ha sido interpretado como un desarme total, no les haga poner encima de la mesa algunas de las históricas reivindicaciones del PNV sobre el acercamiento de los presos, incluso de administrar la política penitenciaria. El nacionalismo vasco, que parece tomar la senda autonomista –aunque queriendo mejorar posiciones a rebufo del «proceso» catalán– debería ser prudente en no utilizar un tema como el final de la banda terrorista, sobre todo cuando está en juego un gobierno estable y un proyecto europeo acosado por radicalismos populistas y toda suerte de nacionalismos. El Gobierno tiene claro que nunca vinculará una negociación con el PNV estando presente la sombra de ETA, viva o muerta.

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