Golpe a la democracia

Nadie, o pocos, imaginaban que el «proceso» independentista iba a acabar como sus líderes anunciaron ayer: declarando la «república catalana» –de salir el «sí», claro está– en apenas dos días de conocerse el resultado del referéndum. Es decir, el próximo 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, Cataluña sería independiente, de España y de Europa. Cuesta imaginar que los miles, millones, de bienintencionados ciudadanos que acudieron a las grandes manifestaciones y otras demostraciones patrióticas, los que pusieron cara a la llamada «revolución de la sonrisa», lo hacían para dar un golpe de mano a la democracia española y, de paso, derrocar la Monarquía parlamentaria. Sin duda, se trata de la revolución de la sonrisa. Desde que Mas decidió ponerse al frente de la manifestación, se suponía que para mejorar el sistema fiscal y otros aspectos sobre el reconocimiento simbólico y nacional catalán, se ha recorrido un camino en el que pronto se puso un único objetivo final guiados por la inapelable «voluntad del pueblo»: romper con el resto de España sin atender a datos tan básicos como que más de la mitad de la sociedad catalana estuviese en contra de esta ruptura o que se ocultasen detalles nada menores, como que, de producirse la secesión unilateral, supondría el abandono de la Unión Europea.

Sin embargo, al conocerse ayer los detalles de la llamada Ley del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña es inevitable concluir que algo de pérdida del sentido de la realidad y de enajenación política convierte en insustancial lo anunciado. Fue otro acto de trascendencia histórica, como no, pero que no dejó de ser puramente formal: de momento, los partidos convocantes no han registrado ninguna proposición de ley en la Mesa del Parlament. De producirse este paso, será recurrido por el Gobierno y suspendido el referéndum y la norma que lo ampara. Hay motivos de sobra, empezando por el hecho de que la Constitución no contempla este tipo de plebiscito en el que se pregunta sobre la unidad territorial y la soberanía nacional. El derecho a la autodeterminación al que se acogen está fuera del derecho internacional, ya que las resoluciones de las Naciones Unidas se centran en la situación específica de los pueblos coloniales, formulada en 1960 (resolución 1514) y ampliada en 1970 a la situación del pueblo palestino y el «apartheid» en Suráfrica, casos que no se corresponden con la realidad de Cataluña, por más victimismo que pongan los independentistas. El artículo 4.4 del plan presentado ayer es un ejemplo de la falta de garantías en dicho comicios y su innegable deriva autoritaria. El fundamental es que no cumple las normas básicas de la Ley de Claridad canadiense, siempre tan invocada, o de las recomendaciones de la UE para el referéndum de Montenegro –otro espejo donde se miran los independentistas–: una participación mínima del 50% del electorado, así como el 55% de votos afirmativos de los emitidos. En el artículo mencionado se dice que «si el recuento de votos validamente emitidos da como resultado que hay más afirmativos que negativos, implica la independencia de Cataluña», sin tener en cuenta la abstención. Recordemos que en la consulta del 9-N los favorables a la independencia sumaron el 80,76% de los votos, pero sólo correspondía al 1,8 millones de un censo de 5,5 (la edad de participación era a partir de los 16 años y no de los 18), lo que supone que sólo votaron a favor de la secesión el 32,7% del censo. En caso de ganar de nuevo el «sí», lo que entraría dentro de lo normal en un referéndum con estas condiciones, dice el mismo artículo 4.4 que el Parlament, «dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados», «celebrará una sesión ordinaria para efectuar una declaración formal de la independencia de Cataluña».

Insistimos, Cataluña está en estos momentos en manos de un Gobierno irresponsable y manejado por un grupo radical del que depende, la CUP: de los ocho representantes que presentaron la ley, cuatro eran de Junts pel Sí y cuatro de la CUP –un grupo con tan solo 10 diputados–, lo que simboliza el papel rector de los antisistema en esta etapa final del «proceso». Es evidente que el Govern está a la deriva, que se ha abierto una vía peligrosa que sólo perjudicará a Cataluña y que el Gobierno de España no tiene más opción que aplicar la Ley en defensa del Estado de Derecho, que, a la postre, es lo que realmente ha abierto una grieta en el bloque independentista. La única fórmula para que los catalanes decidan en las urnas y desbloqueen la actual situación política es convocando elecciones autonómicas. Con la legalidad en la mano.