Impedir el insulto a las víctimas

Ha vuelto a suceder el hecho execrable de la utilización de las redes sociales por parte de algunos individuos amorales que, bajo el manto del anonimato, aprovechan tragedias como la ocurrida en los Alpes para liberar sus obsesiones, sus odios y, en buena medida, sus frustraciones, sin que les importe lo más mínimo el dolor gratuito que añaden al sufrimiento de las víctimas y la amargura que causan al conjunto de la sociedad. Se puede argumentar, y es cierto, que se trata de comportamientos minoritarios que no pueden ensombrecer la actitud generosa y solidaria de la inmensa mayoría de los ciudadanos, estremecidos por una catástrofe que se ha llevado la vida de 150 personas y que buscan una explicación para una tragedia que, en el momento actual, mantiene abiertas todas sus desconcertantes incógnitas, pero ni son casos aislados ni siempre responden a meros exabruptos de descerebrados o de adolescentes ociosos. Por el contrario, en demasiados episodios se repiten pautas de actuación que hacen pensar en la existencia de grupos de presión que, mediante el acoso, tratan de acallar opiniones discrepantes o expulsar directamente de las redes sociales a quienes no comulgan con su modo de pensar. Es decir, que atentan contra uno de los derechos básicos de las personas como es el de la libertad de expresión. Pero, incluso, si no ocultan intencionalidades políticas o ideológicas, nos hallamos ante conductas que están perfectamente tipificadas en el Código Penal y que deben ser igualmente perseguibles en el impropiamente llamado «mundo virtual», puesto que los daños que causan son muy reales. De ahí que debamos elogiar la rápida reacción del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que busca, sobre todo, la defensa de las víctimas. Pero la persecución de estos comportamientos se ve dificultada por la características especiales de internet –que opera globalmente y desde múltiples servidores que escapan, por su ubicación, a las normativas nacionales–, por lo que ayudaría a este propósito que se acelerará la implementación legal de las recomendaciones que elaboró en su día la subcomisión para el estudio de internet, que fueron impulsadas por el Grupo Popular y que ya deberían encontrarse en trámite parlamentario. Se trata de unas medidas muy convenientes, pues refuerzan la protección del derecho al honor, combaten el anonimato y, permiten a las víctimas de las injurias, calumnias y demás ofensas morales borrar textos y eliminar imágenes, con independencia de las acciones judiciales que se quieran adoptar contra los autores. Las redes sociales, como espacio público que son, están sujetas a las mismas normas de convivencia y de respeto a los demás, por lo que no se pueden tolerar actitudes como las que acabamos de sufrir, que trasmiten, además, una imagen muy negativa, e inmerecida, de la sociedad española.