Insumisión con la «estelada»

Hace unos días, la Junta Electoral Central ordenó la retirada de las banderas «esteladas» de los edificios y espacios públicos de Cataluña para la campaña electoral del 24-M. Atendió así a la denuncia presentada por Sociedad Civil Catalana que concluía la existencia de 429 enseñas separatistas, de las que 93 estaban en dependencias oficiales, repartidas en 323 municipios del total de 900 que existen en la comunidad. La resolución oficial consideró que el emplazamiento de estos símbolos es una acción «partidista» que es «incompatible con la obligación de neutralidad de los poderes públicos», consagrada en la Constitución. Es evidente desde cualquier punto de vista sensato que la invasión del espacio público que supone la generalización de «esteladas» en Cataluña favorece a las opciones políticas independentistas. CiU no tardó en responder con un recurso en el que aseguró que la Junta Electoral se había «excedido» en sus competencias y había vulnerado derechos fundamentales como la libertad de expresión. Los argumentos de Convergència fueron pueriles hasta rozar el ridículo. La inconsistencia de los mismos probó que su propósito no era tanto que se revocara la orden como obstruir su cumplimiento. Que esto era así lo demostró también la voluntad públicamente refrendada de la inmensa mayoría de los ayuntamientos separatistas –cuyos alcaldes son de CiU y ERC– de mantener la «estelada» en un acto de evidente desobediencia. Para que no hubiera duda sobre el posicionamiento insumiso, el propio consejero del Interior de la Generalitat, Ramón Espadaler, confirmó que los Mossos no retirarían las banderas rupturistas. Esta actitud colaboracionista con una posición de desacato contra la orden del órgano superior de la Administración Electoral en España introduce un elemento de distorsión grave en el proceso electoral y abunda, más si cabe, en la deriva de Cataluña contra la seguridad jurídica y el imperio de la Ley. Y es que en aquella comunidad se ha convertido en costumbre, alimentada en primer lugar por el Gobierno autónomo, la desobediencia frente a las resoluciones judiciales que les incomodan, corrigen sus abusos o reprenden sus arbitrariedades –las sentencias en el vacío sobre el castellano como lengua vehicular son el ejemplo más visible, aunque no el único–. Pero tampoco resulta tranquilizadora la singular incapacidad de los poderes del Estado para doblegar el obstruccionismo separatista y hacer que se cumpla la Ley. En el caso que nos ocupa, ni las tácticas dilatorias ni el desafío de las corporaciones locales insumisas pueden imponerse a la voluntad de la Junta Electoral, que sólo busca preservar un proceso electoral en igualdad de condiciones y conforme al Estado de Derecho. La Administración tiene los resortes adecuados para que neutralidad sea realidad.